He argumentado que los modelos de crecimiento y acumulación que República Dominicana ha adoptado han descansado en al menos tres elementos. Primero, en bajas remuneraciones al trabajo y en reducidos beneficios sociales. Segundo, en tratamientos fiscales extraordinarios. Tercero, en la acumulación a partir del uso discrecional, ilegal e ilegítimo de los recursos públicos. Esto ha adoptado múltiples formas, como las conocidas sobrevaluaciones de compras y contratos o el despojo de tierras, y ha contribuido a formar y alimentar grupos económicos importantes.
De allí que desmontar el modelo requiere enfrentar la corrupción y transformar el ordenamiento político actual que le sirve de sustento, entrar en una lógica económica cuyo objetivo explícito sea el bienestar de las personas (en vez de únicamente la rentabilidad de las empresas) por la vía de mejorar sostenidamente las remuneraciones y los beneficios sociales y de expandir las oportunidades de empleo, y transformar los regímenes de incentivos limitando en alcance y tiempo las exenciones e impulsando políticas públicas y programas que promuevan el aprendizaje tecnológico y provean a las empresas de aquellas cosas críticas que no encuentran en los mercados.
Pero, más que el recetario, lo que hace falta es poder político para impulsar estos cambios. Han sido acuerdos y coaliciones de élites las que han conformado los arreglos dominantes. Por lo tanto, se requiere de un contrapoder que obligue a replantear el modelo y sus componentes centrales.
La pregunta obvia sería entonces: ¿quiénes puedan hacer parte de ese contrapoder? ¿Con quienes hay que contar o se debería contar para promover estos cambios?
En los primeros en quienes hay que pensar es en los beneficiarios directos de los cambios porque serían quienes tendrían incentivos concretos para actuar. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tienen estas luchas es que en muchos casos, los beneficiarios son difusos, o no existen beneficiarios directos, o están tan dispersos entre grupos o en la población en su conjunto que se hace muy difícil la conformación de coaliciones robustas que hagan una diferencia en el balance de poder. Por el contrario, quienes se perjudican del desmonte del modelo tienden a ser claramente identificables, tienen intereses comunes muy concretos y están bien organizados, en parte porque son pocos y porque los privilegios de que han disfrutado les han facilitado la creación de capacidades de acción colectiva.
El caso de la lucha contra la corrupción y la impunidad es el más extremo. Los intereses a favor son difusos porque nadie recibe beneficios individuales, concretos y medibles de un accionar legal, más transparente y menos discrecional y corrupto del Estado. Estos se distribuirían muy ampliamente a favor de la inmensa mayoría. En cambio, quienes resisten son unos pocos que tienen acceso directo o detentan el poder público, y están políticamente bien articulados aunque su accionar no sea explícito.
Por su parte, el esfuerzo por lograr remuneraciones laborales y beneficios sociales justos se enfrenta a muchos empleadores, y unos pocos bien organizados y con amplio acceso a los medios e influencia sobre el poder político hacen resistencia feroz. El sector financiero también resiste a ver reducida su enorme rentabilidad en el manejo de los fondos de pensiones y del aseguramiento en salud, y de igual manera se comportan los proveedores de servicios de salud. Por el contrario, las organizaciones sindicales tienen una reducida membresía, su articulación a otros movimientos sociales es débil, y tienen una reducida representatividad. Lo que les ha quedado es básicamente el reconocimiento de la defensa de una causa justa.
Por último, reemplazar el sistema de tratamientos tributarios excepcionales por uno que promueva la calidad, la productividad y la innovación, podría encontrar apoyo en grupos políticos interesados en incrementar el caudal fiscal, y en representantes de actividades con altos gravámenes que quieren ver una carga fiscal más compartida. Pero los intereses más amplios que estarían a favor de este tipo de reforma son difusos, en parte porque los beneficiarios de un gasto público más robusto en servicios económicos y sociales están dispersos. En contraposición, este cambio se enfrenta a quienes se benefician de la permanencia de esos regímenes. Ellos tienen recursos, están bien organizados y tienen el oído del poder político.
Todo lo anterior revela la inmensidad de la tarea política que entraña desmontar el modelo actual y reemplazarlo por uno deseable. La construcción de coaliciones amplias para lograrlo es la tarea de hoy.
