Más allá de tipificar nuevos delitos y de aumentar las penas, el proyecto de Código Penal establece y tipifica claramente nuevos aspectos relativos a la corrupción administrativa.Por ende, se reduce la posibilidad de que amparados en los textos legales se dejan de sancionar a los corruptos. Se castiga con penas que van de 4 a 10 años de prisión el cohecho, el tráfico de influencia y la concusión. La malversación de fondos se castiga con penas de 10 a 20 años de prisión, la intimidación al funcionario público también se sanciona y la obstrucción de justicia, según explicó el magistrado Pedro Balbuena.
Al participar en una mesa redonda sobre transparencia y gobernabilidad auspiciada por la Fundación Justicia y Trasparencia (Finjus), Balbuena agregó que se castiga también la falta de deber y probidad de los funcionarios públicos.
“Se destacan como novedad la previsión como delito de actos que constituyan obstáculo al ejercicio de la libertad de expresión, trabajo, asociación, reunión, manifestación o culto, los cuales no tiene precedente en el código. Se castiga además con penas de hasta dos años de prisión y multa la discriminación llevada a cabo por funcionarios públicos, en ocasión del ejercicio de sus funciones”, dijo el magistrado Pedro Balbuena.
De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que “el sistema de justicia le da respuesta a todo lo que se le someta, pero ha sido deficiente en el tema de la corrupción pública, no hemos visto nadie que haya sido condenado por lo menos en los últimos años, sin embargo, cuando se cometen actos de corrupción en el sector privado, hay condenas”.
