El año escolar no ha concluido y ya los padres cuyos hijos estudian en colegios privados comienzan a ser bombardeados con el anuncio de la apertura de las inscripciones y con ello el reajuste de las tarifas, lo que tradicionalmente constituye un verdadero trauma para los cabezas de familia.
Desde antes de Semana Santa, muchos padres comenzaron a recibir comunicaciones de los directivos de los colegios de sus hijos recordándoles que el proceso de inscripciones ya está abierto y que deben hacerlo con tiempo.
En otros colegios se han convocado reuniones de los padres y tutores para informar del desenvolvimiento de los estudiantes, así como de las inscripciones y las inversiones que en infraestructuras y equipos se han realizado para mejorar la calidad de la enseñanza.
Y a seguidas la mala nueva de que debido a esas inversiones el colegio se ve en la obligación de hacer un reajuste en las tarifas. “¡Ya comenzó la zozobra, y esta vez muy temprano!”, exclamó Alfredo Peralta, un vecino del sector de Honduras cuyo hijo estudia en un colegio bilingüe del polígono central de la ciudad de Santo Domingo.
La exclamación es entendible si se parte de que actualmente para las familias de clase media baja el costo anual del colegio de un solo hijo supera los RD$25,000, y así se establece una escala que puede superar los RD$600,000, de los que más de RD$400,000 corresponden a pagos de mensualidades.
Esto, a pesar de que el primero de este mes el país asistió a la firma del “Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana”, con vigencia hasta el año 2030, y que está llamado a posibilitar que el país asuma como el objetivo primordial de alcanzar los estándares más altos en cuanto a la calidad de la educación, pero con equidad.
El Pacto y los colegios
Sin embargo, el “Pacto Educativo” parece diseñado exclusivamente para el sector público, pues más que en algunos enunciados generales, en ninguna de sus partes toca lo referente a la educación preuniversitaria privada.
Sobre la regulación de lo privado en la educación el Pacto solo hace referencia a los libros de textos, cuando el punto 4.2.2 señala que hay que “Definir, aplicar y regular desde el Estado una política editorial de textos y recursos pedagógicos que garantice la calidad, la pertinencia, la actualización del contenido, así como el enfoque filosófico y pedagógico del currículo vigente, que atienda a las diferentes discapacidades y necesidades especiales del estudiantado. De igual forma, dicha política debe velar por el monitoreo y la transparencia de los procesos de producción, distribución y comercialización para el acceso universal, así como establecer la vigencia de los textos y recursos pedagógicos del sistema educativo preuniversitario completo”.
Mientras que el punto 2.2.10 observa que hay que “Cumplir con las disposiciones legales que regulan la política de libros de textos en los centros educativos”.
Al respecto, el dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Rafael Félix, comentó a elCaribe que no recuerda que en alguna de las mesas de trabajo en las que se discutieron los principales puntos del Pacto se haya tocado el tema de la tarifa de los colegios privados.
“Particularmente no me atrevo a decir que fue un olvido, o que se hizo a propósito, que es algo impensable, pero lo cierto es que ese tema no se tocó y ese es también una de las grandes debilidades del Pacto Educativo”, dijo.
La Ley 86-00
La Ley 86-00 que rige las tarifas de los colegios privados, en su artículo 2 establece las tarifas de los planteles atendiendo a una categorización de los mismos en torno a factores tan importantes como la planta física, el sector donde operan, la profesionalización del personal docente, preparación del plantel, la seguridad social para maestros y alumnos, y la administración.
La legislación establece que los aumentos anuales deben ser justificados en base a la indexación por inflación, aumento salarial del cuerpo docente y administrativo, inversión realizada durante el último año en infraestructura física o tecnológica y otros costos.
Pese a la existencia de la Ley 86-00, los últimos incumbentes del Ministerio de Educación han declarado no disponer de un mecanismo para controlarlos, lo que ha motivado a que en el Congreso Nacional se hayan propuesto varios proyectos con ese objetivo.
En mayo del 2013 la exministra Josefina Pimentel anunció que sometería al Congreso Nacional un anteproyecto de modificación de la Ley 86-00, con el propósito es establecer las tarifas de los planteles atendiendo a una categorización de los mismos en torno a factores como la planta física, el sector donde operan y la calidad de los docentes.
En ese entonces las modificaciones planteadas fueron presentadas a representantes de las 22 asociaciones y federaciones de colegios privados del país.
La funcionaria planteó que dentro del marco de esa modificación se establecería que para que los colegios privados puedan fijar las tarifas se necesita el mecanismo de la categorización de esas instituciones y luego redactar el reglamento operativo para su aplicación, expresa un comunicado emitido por el Ministerio de Educación.
La categorización de los colegios no se ha aplicado
Durante la secretaría de la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch se realizó la categorización de los colegios privados de acuerdo a lo establecido por la Ley 86-00, y se precisó la tarifa que debían cobrar los centros en función de su observación a los parámetros de la legislación. Sin embargo, dicho estudio no fue utilizado ni actualizado posteriormente por las distintas gestiones que le sucedieron, dejando a los centros privados establecer libremente el precio de la escolaridad. Lo cual se expresa hoy en tarifas prohibitivas para la mayoría de la población, incluyendo a la clase media, principal usuaria de estos centros, pero que ha soportado todas las alzas de impuestos de este gobierno.
