Durante el transcurso de los últimos doce meses, los valientes articulistas de opinión de la prensa escrita y los comentaristas e investigadores de la radio y la televisión nacional, han entregado a través de los medios de comunicación de masas de la República Dominicana y de otras partes, indicios de la corrupción y la prevaricación ejercida por parte de algunos funcionarios públicos y contratistas de obras del Estado, de los cuales se han hecho eco y han divulgado cientos de foros cibernéticos de membresía internacional con el efecto de alarmar no solo a la ciudadanía dominicana, sino también a organizaciones e instituciones bilaterales y multilaterales.
Tal es la magnitud de los fondos revelados y la fortaleza de los indicios, que debieron mover la acción de las agencias judiciales cargadas con la persecución de la corrupción y la prevaricación y de la preservación de la transparencia del gobierno, a iniciar por su cuenta, como lo manda la ley, investigaciones serias para determinar la veracidad de las denuncias, a pesar de que mucho de lo divulgado contiene claras guías para hallar pruebas documentales sobre lo mal hecho y lo mal habido, y de comandar la acción de organismos investigatorios que ni siquiera necesitan de tales guías para encontrar pruebas de corrupción y prevaricación.
Parecería que nuestros poderes públicos se satisfacen con la apariencia y en nada les preocupa la efectividad, ni la eficacia, ni la eficiencia de las instituciones que proponen, crean y llenan de recursos de todo tipo, para que permanezcan como zombies, sin voluntad propia, pero que engullen el presupuesto nacional, sin cumplir ninguna de las funciones para las cuales fueron creadas. ¿Es que acaso tales instituciones y organismos fueron creados exclusivamente para emplear prosélitos y compañeros de partido?
No, señores miembros del Poder Ejecutivo, senadores y diputados, fiscales y procuradores, los instrumentos de control y sus agencias son creados para investigar los delitos descritos por nuestros estamentos jurídicos, para aunar pruebas probatorias de las faltas cometidas, para organizar procesos de ley y para someter al PoderJudicial a aquellos para quienes se haya ensamblado un expediente acusatorio con pruebas de culpabilidad.
Los instrumentos de control no se crean para ser ignorados. El costo social de tenerlos para nada, solo puede entregarnos a la membresía del conjunto de naciones fallidas. Peor aún, el costo económico, sin producto por inacción, es demasiado grande, a menos que actúen, como lo manda la ley, porque con su actuar rescatarían para la nación los frutos de la corrupción.
Señores fiscales y procuradores, ¿qué esperan para emprender acciones en defensa del patrimonio nacional?
