Uno de los problemas fundamentales que tiene el país es la existencia de un Estado clientelar, que hace de las instituciones públicas estructuras al servicio de los partidos políticos y sus dirigentes, con el fin de proporcionar favores y compensar lealtades. Esto explica el nombramiento de un excesivo número de viceministros o de funcionarios en el servicio exterior sin ninguna función que desempeñar.
Esta práctica persiste, a pesar de las importantes reformas que se han llevado a cabo. Ciertamente, reconocemos los esfuerzos dirigidos a impulsar la modernización y profesionalización del Estado dominicano que se vienen realizando desde la aprobación de la ley de Función Pública 41-08 y el compromiso asumido por el Ministerio de Administración Pública en su implementación. A esto se suma la reforma Constitucional que incorporó el Estatuto de la Función Pública.
Entre los retos que presenta el desarrollo para la sociedad dominicana, está el de la necesidad de repensar el Estado, para que éste pueda desempeñar su rol de garante de los derechos políticos, sociales y económicos de sus ciudadanos. El desafío ético de generar condiciones de vidas más dignas para los dominicanos y dominicanas, requiere de la consolidación de un Estado moderno, racional y transparente, que sea capaz de asumir con éxito este desafío.
Lo anterior supone enfrentar los problemas fundamentales que caracterizan a nuestra sociedad, sobre todo el de la debilidad del Estado de derecho y los altos índices de pobreza y exclusión social. Esto no ha sido posible hasta el momento. Esta incapacidad viene dada por la debilidad institucional existente en el país, debido a que el Estado no ha podido completar un proceso de reformas que permitan su efectiva profesionalización.
En tal sentido, es fundamental que se dé continuidad al proceso de reforma de la Administración Pública, aprobando algunas iniciativas que todavía están pendientes en el Congreso Nacional. Dentro de estas, se encuentra el anteproyecto de Ley General de Salarios en la Administración Pública. Esta iniciativa es muy importante, pues como se establece en uno de sus considerandos, hace falta una ley que transparente los componentes retributivos de los cargos en el Estado.
No hay excusas para que el Senado de la República siga retrasando la aprobación de esta ley. Urge dar respuestas a los múltiples problemas que se presentan en el sistema retributivo del sector público, como lo constituyen los profundos desniveles salariales entre los servidores públicos, el manejo discrecional y poco transparente en la designación de salarios y la duplicidad de funciones e ingresos en la Administración Pública.
