Los abogados de la defensa de los condenados en el juicio de lavado de activos advirtieron que apelarán la decisión del Primer Tribunal Colegiado que condenó a siete imputados a penas entre 5 y 15 años y absolvió a Adolfina Peláez.
Tanto los condenados como sus abogados dijeron que la sentencia fue muy desigual, inconstitucional y manejada por el ministerio público que solo trató de ocultar los reales responsables.
“Esto es algo completamente absurdo, es la vergüenza del país esta sentencia”, dijo Manuel Ramírez defensa de Ivanovich Sméster Ginebra, e informó que apelará la decisión.
“Nos dimos cuenta de que la justicia es la fiscalía dirigida por el señor Moscoso Segarra, todo esto se ha hecho para tapar a los militares y a todas las personas que de verdad traficaban con la droga”, dijo indignado el co imputado Juan José Fernández Ibarra, condenado a quince años.
Esta posición fue respaldada por su defensa Marino Elsevif Pineda, quien dijo: “tomaron a mi cliente como chivo expiatorio para mantener incólume a los militares, políticos y empresarios metidos en el maldito narcotráfico”. José Rafael Ariza, defensa de Mary Elvira Peláez Frappier y Sammy Dauhajre Dauhajre, y Luis Aybar, abogado de Eddy Brito, calificaron la decisión como injusta y desigual, y anunciaron que apelarán la decisión.
Ingrid Hidalgo y Félix Portes Núñez, abogados de Adolfina Peláez y Sobeida Félix, expresaron su conformidad con la decisión en cuanto a sus clientes, pero reconocieron que no fue justa y que los demás deberían apelar.
LA FISCALIA. El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, valoró la decisión y la calificó de positiva. No descartó, en cambio, la posibilidad de que el Ministerio Público apele la decisión de absolución y suspensión de sentencia de Adolfina Peláez y Madeline Bernard. “Fue una decisión que llenó las expectativas del ministerio público, fue una buena decisión, ustedes comprenderán que es una decisión que consta de 600 páginas y en los próximos días en el plazo que nos compete imponer cualquier recurso vamos a estudiar esta decisión”, agregó Alejandro Moscoso Segarra quien se encontraba junto de los fiscales del departamento de Casos Mayores de la Fiscalía.
Dijo que esta decisión envía un mensaje claro sobre la respuesta que debe darse al narcotráfico y ponderó que por primera vez a un caso de lavado de activos se condenaran a tantos años de prisión.
Historia de un proceso
El juicio de fondo en primera instancia a los encartados en el expediente de lavado de activos provenientes del narcotráfico de la red del puertorriqueño David Figueroa Agosto, quien huyó del país en circunstancias que se desconocen a raíz del apresamiento de su concubina Sobeida Félix Morel, en septiembre de 2009, se prolongó durante cinco meses.
En principio, la etapa de valoración de los méritos de las acusaciones a cada uno de los imputados llevada a cabo por la magistrada Claribel Nivar consumió siete meses, luego de casi un año de los justiciables haber sido enviados a prisión preventiva por la Oficina de la Atención Permanente del Distrito Nacional, que halló méritos en las pruebas del Ministerio Público para dictar las correspondientes medidas de coerción.
Con la fuga de Félix Morel, tras habérsele variado la prisión preventiva por presentación periódica por ante el Ministerio Público, el juicio preliminar originalmente fue iniciado en contra de seis acusados y posteriormente fueron agregados otros dos. El proceso, que sienta un precedente en materia de penalización a los infractores de la ley 72, sobre lavado de activos, acaparó la atención pública por los constantes incidentes y declaraciones de las partes envueltas, principalmente entre los fiscales, la defensa de los acusados y las de los propios encartados.
Acuerdos respetados
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en la distribución de los años de prisión a los condenados, observó los acuerdos a que arribaron el Ministerio Público y algunos de los procesados, y disminuyó las penas solicitadas por los fiscales en sus dictámenes. Otra variación que sorprendió fue la absolución a favor de Madeline Bernard Peña.
