Nueva vez ha cobrado vigencia el debate sobre las reformas pendientes en el sistema político dominicano. Ojalá que en esta oportunidad el Congreso Nacional se disponga a aprobar definitivamente la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Aunque una reforma de carácter legal no es suficiente para impulsar los cambios profundos que necesitan los partidos políticos y los procesos electorales en el país, la misma ayudaría a crear las condiciones para mejorar el ejercicio de esa actividad.
Uno de los aspectos que deberá tomar en cuenta esta reforma, es cómo lograr una efectiva fiscalización del financiamiento político, para evitar la entrada de dinero ilícito en las campañas y en la vida de los partidos. Esto supone que se debe evitar cualquier tipo de opacidad sobre las fuentes que financian a los partidos y el uso que estos dan a los recursos recaudados. Se requiere del fortalecimiento de los órganos de control y fiscalización. Una nueva legislación deberá procurar la constitución de instituciones que sean realmente autónomas, integradas por funcionarios independientes, capaces de generar confianza en la ciudadanía y los actores políticos.
El proyecto de ley de Partidos plantea la creación de una Unidad Especializada de Control Financiero de las organizaciones políticas. Esta Unidad estará bajo la dependencia de la Junta Central Electoral (JCE). Esta nueva instancia tendrá como su función principal, la de fiscalizar el dinero que reciben los partidos y los topes de gastos en la campaña electoral.
Se requiere de una estrecha relación de la JCE con el Sistema Nacional de Control y Auditoría, específicamente con la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, las cuales tienen competencias en materia de fiscalización del financiamiento político. Un trabajo conjunto de estas instituciones contribuirá a evitar los riesgos que representa el financiamiento ilícito de la política, principalmente el procedente del crimen organizado y el narcotráfico.
Por otro lado, se deberá contribuir con las propias organizaciones políticas en el establecimiento de mecanismos internos de transparencia y fiscalización. Se requiere además, el fortalecimiento del ejercicio ciudadano de control social sobre el uso del dinero en la política. La sociedad civil debe fortalecer sus iniciativas de seguimiento a los ingresos y gastos de los partidos, así como del uso y abuso de los recursos del Estado. Este conjunto de factores contribuirán a promover una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el dinero en la política y por lo tanto, a mejorar la calidad de nuestro sistema electoral.
