Una de las causas más importantes del bajo nivel de desarrollo de muchos países y de la alta incidencia de la pobreza es que sus Estados son incapaces de financiar la provisión de bienes públicos como seguridad pública, justicia accesible y oportuna, infraestructura económica y social básica, educación básica y media, y salud para todos.
Cuando no hay una oferta suficiente y de calidad de estos bienes y servicios, el aumento de la productividad en toda la economía se ve limitado, lo que hace que la producción de riqueza no crezca de manera satisfactoria. Pero además, cuando tiene pocos recursos, el Estado tiene espacios muy estrechos para redistribuir la riqueza y el ingreso. Esto hace que el crecimiento termine beneficiando a unos pocos, quienes usualmente usan su poder y sus recursos para impedir que se les cobre impuestos.
Se trata de un círculo vicioso porque como la economía no crece lo suficiente, los recursos que el Estado puede capturar por la vía de impuestos son limitados, y si la economía crece, los ricos se quedan con los beneficios lo que, otra vez, compromete la capacidad del Estado para financiar los bienes públicos que está obligado a proveer. Súmele a esto el efecto de la ineficiencia, el clientelismo y la corrupción que hacen que una parte de los pocos recursos que se logran colectar se desperdicien y terminen donde no deben.
La presión de los ricos locales por no ser gravados termina configurando sistemas tributarios injustos. Pero ellos no son los únicos que actúan en esa dirección. También están las corporaciones transnacionales. Estas han logrado dos cosas. Primero, que las normas impositivas les beneficien poniendo a los países a competir entre ellos para que les bajen los impuestos.
Segundo, han desarrollado una enorme capacidad para eludir las obligaciones que sí están consignadas en las leyes. Con envidiables equipos de expertos legales y financieros, logran manipular las cuentas y mover contablemente las operaciones más rentables de las cadenas productivas que manejan desde las empresas en países con mayores cargas impositivas sobre las ganancias hacia las que están ubicadas otros con menores cargas o con exenciones, algunos de ellos conocidos como “paraísos fiscales”, erosionando la base sobre la que se cobran los impuestos. El resultado es que todo el mundo termina peor excepto un puñado de accionistas de esas corporaciones. Esa es una de las explicaciones de la enorme concentración de la riqueza que caracteriza al mundo de hoy.
A eso hay que ponerle freno. Las alarmas ya vienen sonando desde hace varios años en los países más ricos los cuales también ven afectadas sus finanzas públicas por estas prácticas. El G-20 ha abordado el asunto, y también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es el club de los países de más alto ingreso en el mundo. Estos han impulsado el llamado Plan de Acción BEPS (por sus siglas en inglés, que significa “erosión de la base y movimiento de ganancias”), buscando crear reglas internacionales para limiten esas prácticas y reduzcan los espacios de elusión de esas empresas.
Según Tax Justice Network, una red de investigadores y activistas que trabaja sobre estos temas, algunos de los países de América Latina se encuentran entre los veinte principales con mayor cantidad de recursos en paraísos fiscales, y estiman que sólo desde Brasil, México, Venezuela y Argentina hay un monto de dinero tal en esos paraísos equivalente al PIB de Brasil. Según OXFAM, los países en desarrollo pierden por esa causa hasta tres veces lo que reciben en ayuda al desarrollo por año.
Por esa razón un conjunto de organizaciones no gubernamentales internacionales está llamando a que este tema sea asumido plenamente en la próxima Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo que se llevará a cabo en Etiopía el próximo mes de julio, y se cree un organismo mundial que defina reglas tributarias internacionales que limiten la erosión de las bases fiscales. El financiamiento al desarrollo que se origina en los propios países puede aumentar si las corporaciones no pudieran hacer lo que hacen.
La República Dominicana también es víctima de esas prácticas. El gobierno ya ha avanzado medidas para evitar que las corporaciones le timen al introducir reglas sobre los llamados precios de transferencia, pero actuar sólo es insuficiente.
Debería participar en esa conferencia con una representación al más alto nivel para contribuir y apoyar estos esfuerzos. La cooperación internacional es la única vía para detener que unos pocos se salgan con las suyas y se sigan beneficiando ilegítima e injustamente de las riquezas que corresponden a otros.
