Este es el título de la investigación puesta en circulación por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, que recoge las denuncias de corrupción aparecidas en los medios de comunicación entre los años 2000 y 2013.
La corrupción sin castigo tiene como antecedente el estudio “20 años de impunidad” realizado por esta organización sobre los casos llegados a la Justicia durante el periodo 1984-2004. En esa oportunidad el total de casos localizados en las diferentes instancias judiciales alcanzó a 227, de los cuales sólo en seis, que representan apenas el 2.6% del total localizado, la justicia dominicana había llegado a una decisión definitiva. De estos casos, en sólo uno hubo condena, siendo absueltos los imputados por los demás casos.
La investigación “La corrupción sin castigo” se basó en el análisis documental de las denuncias de corrupción aparecidas en 15 medios digitales, nueve medios impresos y tres programas de televisión durante los últimos trece años. Para este período se registraron 94 denuncias muy bien documentadas de sustracción de fondos públicos. Muy pocos de estos casos han sido debidamente investigados por las instituciones de la justicia dominicana.
Los reducidos casos de corrupción que llegan a la Justicia lo hacen fundamentalmente porque algunos ciudadanos y sus organizaciones presentan directamente las querellas ante el Ministerio Público. Por esa razón algunos sectores pretenden que se declare inconstitucional el artículo 85 del Código Procesal Penal párrafo III, el cual da calidad a cualquier ciudadano para querellarse contra los funcionarios públicos.
Diversos indicadores nacionales e internacionales hablan de la alta percepción que existe en el país sobre los niveles de corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción, Barómetro de las Américas o el Índice de Competitividad Global, colocan a la República Dominicana como uno de los países del mundo más afectados por el flagelo de la corrupción.
Esto no es solo percepción, pues investigaciones como las de Participación Ciudadana demuestran que la impunidad ha estado predominando durante décadas en el país. Quienes se han beneficiado de manera ilícita de los recursos del Estado, se han asegurado de crear todas las condiciones institucionales para que no les pase nada.
En diversas oportunidades hemos insistido en la necesidad de hacer esfuerzos por desincentivar las prácticas corruptas. La prevención, a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, es importante para lograr este propósito. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente. Es necesario, al mismo tiempo, combatir la impunidad a partir del fortalecimiento de un sistema judicial que sea lo suficientemente autónomo para investigar y sancionar a los corruptos. l
