Nueva vez la República Dominicana aparece con una mala calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. En una puntación de 0 a 100, donde cero es muy corrupto y cien muy transparente, se alcanza apenas 32 puntos, lo que nos sitúa por debajo del promedio de la región que es de 45 y en el lugar 115 de 175 países. Esta baja puntación no ha variado desde que el país comenzó a ser medido en el año 2003. La misma indica que el Estado dominicano se ha quemado de manera reiterada en materia de lucha contra la corrupción.
Teniendo en cuenta que durante el actual período gubernamental no se han dado escándalos importantes de corrupción y que se han hecho esfuerzos por desarrollar algunas iniciativas de transparencia, sobre todo en las contrataciones públicas, ¿qué explica entonces la percepción tan alta de corrupción? Quizás, la respuesta está en la apuesta de la clase política por el diseño de una arquitectura institucional incapaz de perseguir los actos de corrupción. De esta forma se desconoce que prevención y sanción van de la mano en la lucha anticorrupción. El compromiso con la transparencia es insuficiente si al mismo tiempo no se evidencia una voluntad real de investigar los casos de corrupción y castigar ejemplarmente a sus responsables.
La cultura de la ilegalidad, amparada en la ausencia de un régimen de consecuencias, es uno de los principales obstáculos en el combate de la corrupción. La impunidad es posible cuando la justicia y los órganos de control han sido capturados por intereses político-partidarios. Si las instituciones se olvidan de la Constitución y las leyes y actúan por lealtad a determinados grupos políticos, fracasa la lucha contra la corrupción, como lo constituye el caso dominicano. Por esta razón, difícilmente la República Dominicana pueda mejorar en los indicadores nacionales e internacionales de transparencia y anticorrupción.
La histórica impunidad con la que han actuado los funcionarios que se han visto envueltos en actos de corrupción, se constituye en el principal incentivo para seguir defraudando al Estado. Además del costo económico y social que tiene la corrupción para un país, el costo institucional de la impunidad es muy elevado.
Este flagelo erosiona la confianza ciudadana en el Estado y en la democracia misma. Ojalá que más que rebatir o justificar los resultados del IPC, esta medición sirva para realizar una evaluación crítica del tema y ayude a una mayor consciencia de su impacto y a entender la urgente necesidad de tomar medidas profundas y radicales contra la corrupción.
