En la república dominicana la presión tributaria es apenas 13.5% del PIB, es decir, el procentaje del tamaño de la economía que le ingresa al Gobierno como presupuesto por la recaudación de impuestos. En comparación con naciones más desarrolladas que la nuestra, esa proporción es muy baja, pues hay países en los que la presión tributaria llega hasta al 40%.
En teoría, de lo que se trata es de que los dominicanos pagamos una proporción muy baja de impuestos y que nuestro aporte al fisco, en sentido general, debería ser mayor. Ese es buen motivo de parte de las autoridades para plantear una reforma fiscal “integral” que represente más ingresos para el Estado.
Sin embargo, el asunto no debe medirse en el porcentaje de la presión tributaria, sino más bien, en la proporción de esa presión tributaria que el Estado les devuelve a los ciudadanos en servicios básicos eficientes que eviten costos adicionales para suplirlos. Hay países en los que el ciudadano paga hasta el 30% de sus ingresos en impuestos, pero tiene la ventaja de que sus hijos van a la escuela pública sin costo y con alto nivel educativo, su familia recibe atenciones médicas de calidad y gratuita, el servicio de energía eléctrica es eficiente, constante y barato, así como el de agua potable y otros no menos importantes. Todo provisto por el Estado como suplidor o garantizado por éste si viene del sector privado.
En el caso dominicano, los ciudadanos, que supuestamente pagan una baja proporción en impuestos, tienen que cargar con el “costo privado de los servicios públicos”. Es decir, pagar impuestos y a la vez escuela privada, porque la educación pública es deficiente; pagar energía cara y planta o inversor, porque el servicio es precario; pagar planes de salud privados, porque la seguridad social no funciona y es costosa; pagar seguridad privada, porque la Policía está desacreditada, y pagar combustible caro para el vehículo, porque el transporte “público” es un desastre. Hay que hablar de todo eso, antes de plantear una nueva reforma fiscal.
