SANTIAGO, Chile (AP) — El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos criticó severamente la violencia policial ejercida en el último año contra manifestantes, el hacinamiento carcelario y el juzgamiento de indígenas como si fueran terroristas.
En su tercer informe anual, el Instituto también reconoció que luego de conocer sus análisis la policía creó un Departamento de Derechos Humanos, instaló cámaras de video en sus autobuses de detención y permitió que observadores del organismo puedan ingresar a esos vehículos para constatar el estado de los retenidos.
La directora del Instituto, Lorena Fríes, entregó a primera hora una copia del informe de 363 páginas al presidente Sebastián Piñera y luego de un acto especial en que aludió a su contenido, hizo lo mismo con representantes del poder judicial y del legislativo.
El documento critica una política «construida en base al aumento de penas, a la tipificación amplia y ambigua de delitos, y el aumento de las atribuciones» de las policías, sin mecanismos de control, lo que «ha llevado a denuncias de violencia policial».
También critica las «tipificaciones amplias y vagas de delitos» como en el caso de la Ley Antiterrorista, en la que considera que la propia definición de «terrorista» es demasiado ambigua.
Afirma que la represión policial no distingue entre quienes ejercen pacíficamente su derecho de reunión y expresión y aquellos grupos que utilizan la violencia en las mismas movilizaciones.
«Durante el 2012 las denuncias de violencia policial se han repetido en diversos contextos en el país, afectando principalmente a grupos vulnerados, como mujeres, niños, niñas y adolescentes y pueblos indígenas», agrega.
Entre los ejemplos expuestos está el de la región de Aysén, 1.800 kilómetros al sur, que a comienzos de año se rebeló por lo que consideraron un abandono del gobierno central e impidieron la llegada a la zona de camiones de abastecimiento. Hubo «un uso irregular y desproporcionado de escopetas antidisturbios, causando lesiones de diversa consideración en las personas, producto de perdigones o balines», disparados al cuerpo y a corta distancia.
El Instituto presentó recursos de protección a favor de los mapuches, la mayor etnia chilena que representa a cerca del 5% de los 16,5 millones de chilenos, y la Corte de Apelaciones de Temuco, en el sur, y la Corte Suprema, advirtieron a la policía que «usara la fuerza con sujeción a la Constitución y las leyes, evitando todo uso excesivo».
Respecto al hacinamiento carcelario, el organismo dijo que «aun es crítico y requiere medidas permanentes» del Estado, aunque también reconoció que se ha producido una baja importante por el aumento de plazas. En el 2011 era de 62% y este año disminuyó a 25%.
En contraste, los militares jubilados que cumplen condena, la mayoría por secuestros y asesinatos, tienen habitaciones individuales y baño privado, sin contar con otras granjerías, señaló.
