Cada dos años la cuestión salarial entra a la agenda pública, y cada vez en forma de conflicto.
Nunca los patronos y los obreros representados encuentran una vía práctica y razonable para ajustar los salarios en atención a las realidades de las empresas y de la sociedad. Generalmente, los gremialistas tratan de conseguir que el tema sea objeto de atención pública.
Sus demandas suelen comenzar muy elevadas, mecanismo habitual de presión para conseguir lo posible, y de la otra parte, la patronal, primero se proyectan remisos al diálogo y cuando atienden las peticiones, hacen propuestas que rayan en lo ridículo.
En cualquier caso, los imperativos sociales y legales obligan a las partes a llegar a un acuerdo. Entran en juego el desempeño de las actividades productivas de los dos años anteriores y con ellas el nivel de inflación acumulada.
El sábado, el Centro Bonó emitió una declaración que sugiere que desde enero de 2011 hasta febrero de 2013, la inflación acumulada fue de 13.75%. Ese indicador pudiera ser orientador en la mesa de negociaciones. Los trabajadores han planteado un ajuste del 30% del salario mínimo y en el encuentro de este viernes los patronos ofertaron un aumento de 8.8%.
Entre el 30% y el 8.8% hay una diferencia abismal. Habría que buscar un punto de equilibrio. Es verdad que la economía dominicana se ha ralentizado desde mediados del año pasado y que el signo característico es la austeridad. En efecto, los consumidores han visto cómo la reciente reforma fiscal ha impactado su capacidad de gasto. Las empresas obran con mucha cautela.
Ven las alzas salariales como amenazas, y hay patronos que responden con la reducción de las nóminas. Salarios estancados y más desempleados deprimen la demanda, al margen de consideraciones de justicia social y del imperativo de la ley.
Ante el fracaso de la reunión bipartita del viernes, conviene una intervención del Comité Nacional de Salarios en la búsqueda de una pronta solución, según lo previsto en el artículo 456 del Código laboral dominicano. l
