Con argumentos más que contundentes el presidente de la República, Danilo Medina, observó en su totalidad la ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional. Él mismo se anticipó a la reacción que esto podría causar en algunos sectores de la sociedad. Medina, en su condición de Jefe del Estado, está en plena facultad para tomar esta decisión y lo hizo de la mejor manera.
Dijo que vetaba la ley porque luego de un estudio ponderado de su contenido tiene serias dudas de su compatibilidad con la Constitución de la República y por el desconocimiento que conllevaría de compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano en materia de protección de inversiones.
Sostuvo que al legislador privar del derecho de propiedad, para hacer posible dicha ley, “se desborda” de su competencia, cuando esa facultad es solo del Poder Ejecutivo y del Judicial y solo cuando medien razones de utilidad pública o interés social y previo al pago de su justo valor.
Dio detalles del posible efecto adverso para el desarrollo del país y que vede la posibilidad futura de aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de Loma Miranda, aún cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales y la tecnología de explotación minera garanticen su sostenibilidad.
Y remarcó que no se considera ni un fundamentalista ambientalista ni un minero salvaje.
Quienes opinan de manera contraria a la posición del Presidente tienen todo el derecho a defender sus ideas, lo incomprensible de estos sectores, que apelan a la calidad de nuestra democracia para manifestarse, es el tono irrespetuoso con que se dirigen al Mandatario y los métodos de protestas que pretenden hacer populares. Romper vidrio, no mandar sus hijos a la escuela o hacer lo que le dé la gana para que Miranda sea declarado parque nacional, dista mucho de los sólidos argumentos esbozados por el señor Presidente.
