Recientemente un hombre fue condenado por el Tribunal Colegiado de Bonao a cinco años de prisión y a pagar una indemnización por RD$10 millones por provocar daños al Sistema Eléctrico Nacional mediante sabotajes contra torres de la autopista eléctrica 345 en la región Norte.
Probablemente, ese tribunal actuó dentro del espíritu que domina hoy la sociedad, donde cualquier hecho se relativiza con un tratamiento que no siempre guarda proporción con la gravedad del delito.
En la psique de muchas personas se ha entronizado el sentimiento de que si “los grandes” no son tratados con la dureza que manda la ley, no es de justicia que se obre de otra manera con “los de abajo”. De modo que en el sustrato mental existe un complejo según el cual “todos somos culpables” de la degradación de la vida dominicana.
Resulta irritante cómo los espacios públicos son literalmente arruinados por desaprensivos sin que los municipios o el gobierno nacional haga nada, pese a que el Código Penal es muy preciso respecto a los daños contra la propiedad pública.
La indiferencia se agrava con la falta de conciencia ciudadana sobre los bienes, las infraestructuras, carreteras, caminos, monumentos, plazas, parques, obras vitales como acueductos y ni hablar de los recursos naturales, como ríos, parques forestales y zonas protegidas.
Y es que si bien se supone que toda persona está consciente de que no debe dañar ningún tipo de bien, público, social, colectivo o privado, no es muy seguro de que esté persuadida de que los atentados a los mismos conllevan penas. Se parte de la creencia de que “la gente entiende”, pero el universo de la ignorancia sigue siendo inconmensurable en la República.
Claro que entre derribar una torre eléctrica y rayar una estatua hay una distancia. En cualquier caso, estamos frente a crímenes sobre los cuales hay que informar y educar en el sentido de que todo daño contra los bienes públicos conlleva sanciones.
