La sociedad dominicana tiene décadas intentando avanzar en el fortalecimiento de sus gobiernos locales. Esto ha sido así, pues existe la conciencia de que mediante la gestión municipal el Estado se acerca a los ciudadanos y por lo tanto, este tiene una mayor capacidad de conocer y atender las necesidades y expectativas de la gente.
Los esfuerzos de modernización y consolidación de la democracia local han estado asociados a cambios en el marco jurídico y constitucional, a experiencias de monitoreo ciudadano, a las acciones desarrolladas por Fedomu, al Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales, entre otros.
No obstante estas diversas iniciativas, la debilidad en la institucionalidad de los gobiernos locales prevalece. Aún persiste una gran resistencia en las autoridades nacionales para el reconocimiento de los retos de lograr mayores niveles de descentralización en la gestión pública y un efectivo respeto de las competencias de los ayuntamientos. Sin embargo, lo más grave ha sido la irresponsabilidad con la que han actuado funcionarios municipales en diversas localidades del país, en las cuales los ayuntamientos se conciben como una oportunidad para el lucro personal y no como una instancia de servicio para la promoción del desarrollo local.
Este periodo de transición ha puesto de relieve los profundos déficits existentes en la gestión municipal. Decenas de ayuntamientos han dejado de cumplir con su competencia más elemental que es la de recoger basura, mientras los ediles están ocupados en aumentarse salarios, designares pensiones o contratarse a sí mismo como asesores a partir del 16 de agosto. De esta manera, los regidores legislan en beneficio propio violando la Constitución y las leyes. Se aprovechan de la debilidad de los órganos de control y fiscalización, de la incapacidad de la justicia para establecer sanciones y de la indiferencia ciudadana.
El tema municipal solo entra a la agenda de los partidos cuando hay que escoger autoridades, tanto a los concejos municipales como a la Liga Municipal Dominicana (LMD). Precisamente ha habido mayor debate interpartidario por la forma en que se escogerán los bufetes directivos en los ayuntamientos, que sobre las vergonzosas prácticas de privilegio llevadas a cabo en algunos de los cabildos.
Fortalecer la institucionalidad, la democracia y la transparencia en los gobiernos municipales sigue siendo una tarea pendiente. Esta debe ser una prioridad del Estado, de los partidos políticos y de los propios ciudadanos. Esperemos que a partir del próximo periodo constitucional se logre avanzar en la integración de una administración local moderna y eficiente, comprometida con brindar servicios de calidad a los munícipes.
