El alcalde de Cotuí, Rafael Molina Lluberes, dijo ayer que existían 27 violaciones constitucionales al contrato firmado entre el Estado Dominicano y la Barrick Gold. Mediante un recurso de inconstitucionalidad el funcionario busca que se anule la resolución 329, del 7 de noviembre del año 2009, relativa a la enmienda aprobatoria al acuerdo especial de arrendamiento de los derechos de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, firmada por el Estado, Banco Central, Rosario Dominicana y la empresa Barrick Gold.
Molina Lluberes alega que las violaciones en la pieza empiezan con su aprobación en la Cámara Baja, inobservando el debido proceso. Favoreció que el contrato sea revisado y renegociado.
Al recurso se sumó la comisión de Derechos Humanos y La Federación de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), que representa el empresario y diputado Juan Hubieres.
Se reparten el país
Frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde decenas de ciudadanos se colocaron a protestar contra el referido contrato, y en presencia de personalidades que acudieron a la audiencia por la litis en torno a los terrenos en Bahía de las Águilas, fue brindado un bizcocho verde con la forma del país, simbolizando la manera en que se están “repartiendo” las reservas nacionales.
Los manifestantes se mantuvieron de pie, agitando pancartas que piden la “revisión, contrato con la Barrick, 60/40 es lo justo”, y “el oro es nuestro petróleo”, mientras el Tribunal Constitucional conoció y se reservó el fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad.
El juzgado dio a las partes un plazo de cinco días para presentar conclusiones ampliadas. Eduardo Jorge Prats, abogado de la Barrick, dijo que el contrato no viola la Constitución. El TC también conoció y se reservó el fallo sobre el recurso incoado por el Frente Amplio, contra la ley de reforma fiscal.
