Desde que se dio a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece que no son dominicanos los nacidos aquí que son hijos de inmigrantes ilegales o en tránsito, hemos visto cómo han reaccionado en contra diversos sectores nacionales e internacionales.
Afortunadamente, gente de mucho peso como nuestro Cardenal y destacados juristas, funcionarios, políticos y otras personalidades de la vida nacional, con argumentos buenos y válidos la han calificado como justa.
La sentencia habla de “los hijos de inmigrantes ilegales”. Inmigrantes, no dice haitianos. Inmigrantes. Sean estos haitianos, suizos, franceses… No se nos puede acusar de racistas. Se aprovecha la mínima coyuntura para tildarnos de inhumanos de cara a los haitianos, pero no se trata de falta de humanidad ni de racismo.
Un tema como lo es el de la nacionalidad no debe ni siquiera estar en discusión. Con su sentencia, el Tribunal Constitucional ha sentado un precedente. No estamos violando a nadie sus derechos. Defendemos lo que nos corresponde como nación. No somos un patio ni parte atrás de nada ni de nadie.
Somos un país soberano, con sus derechos y sus deberes. El TC ha sido justo en su sentencia. Debemos aplaudirla. Como dominicanos estamos en el deber de defendernos ante esas campañas amañadas que patrocinan extranjeros y dominicanos coletillas de esos extranjeros. Por intereses personales en su mayoría. No por principios.
Coincido con nuestro consultor Juridico, César Pina Toribio, en el sentido de que hay que instruir a nuestras delegaciones en el mundo para defendernos de esas denuncias, para mí fundadas en sentimentalismo barato. Nuestra democracia tenemos que defenderla nosotros como dominicanos.
Haití es el responsable de dotar a sus ciudadanos de su debida documentación, como cualquier otra nación. Ellos no son la excepción. Que se ocupe Haití de sus asuntos y nosotros de los nuestros.
Esta sentencia ha traído y seguirá trayendo repercusiones y se aprovecha para atacar al país y tildarlo de racista, pero no es así. Hay que poner atención a la aclaración hecha por nuestra exvicepresidenta, doña Milagros Ortiz Bosch: “la ciudadanía, nacionalidad e ilegalidad son aspectos diferentes”.
Y como dijo Marino Vinicio -Vincho- Castillo: “la idea es que el problema es geopolítico, no jurídico”.
A mi entender no aplica la necesidad de buscar salida a esta sentencia. Eso no es negociable. No se trata de un negocio. Que se arregle lo que haya que arreglar, como dijo el Cardenal, y punto. Pero la sentencia es justa.
