La Finjus expresó preocupación por la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de enviar a Migración los expedientes de más de 19 mil descendientes de haitianos. En ese sentido, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que esa decisión coloca al país en una situación de cuestionamiento ante organismos internacionales y reflejan los niveles de incoordinación y no sujeción a la ley que ocurre en algunas instituciones nacionales.
Recordó que el pleno de la JCE, en la sesión administrativa ordinaria del pasado 21 de febrero, decidió enviar a la Dirección General de Migración los expedientes de 19,015 casos que, de acuerdo a la revisión de sus registros de declaración de nacimiento, están supuestamente afectadas de irregularidades.
“Esta revisión, que se realiza en el marco de las atribuciones que la Ley 275-97 le atribuye a la Junta Central Electoral, debe ser seguida por el sometimiento a los órganos jurisdiccionales, o sea a los tribunales competentes del orden judicial, de los casos en que se sospeche de la inscripción en falsedad en el registro de dichas declaraciones de nacimiento”, precisó Finjus , a través de una nota de prensa.
También mostró preocupación porque en lugar de actuar de acuerdo con el orden constitucional vigente, “la JCE ha ya decidido convertir un asunto de carácter migratorio lo que es un asunto de carácter registral, que de acuerdo al art. 212 de la Constitución, párrafo IV es de su competencia”. Dijo que por esa situación “no es de extrañar que el país sea denunciado ante los organismos internacionales competentes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D. C, para responder ante las quejas de personas que alegan que sus derechos y garantías constitucionales fueron violados por ese organismo.
Reconocen labor de JCE en depuración de actas
Finjus reconoció el hecho de que la JCE depure sistemáticamente las declaraciones de nacimiento de todos los dominicanos. Destacó que de la calidad de sus registros depende la credibilidad de los instrumentos que garantizan la democracia en el país, como el padrón electoral, o que garantizan la legalidad de los documentos de identidad de los ciudadanos.
