El Tribunal Constitucional (TC) en varias sentencias establece que los actos administrativos deben atacarse por la misma vía.
Mediante la sentencia TC/0065/13 el Tribunal declaró inadmisible una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Roberto Sánchez, contra la resolución dictada por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que ordena su expulsión de la alta casa de estudios.
“Un acto administrativo no podría ser sometido al control de constitucionalidad a través del procedimiento de acción directa, por no estar el referido acto sujeto al control concentrado del Tribunal Constitucional”, indican los jueces en su sentencia.
Causas de expulsión
Sánchez, a quien sólo le falta aprobar cuatro asignaturas para obtener un título como licenciado en derecho, junto a otros 11 estudiantes, fue expulsado de la UASD, por ocupar las instalaciones físicas de la vicerrectoría administrativa, en protesta por el aumento de precio de 52 servicios ofrecidos a la población estudiantil.
Con su acción elevada por ante el TC, el bachiller quería que el juzgado le exhorte a la UASD “juzgar las faltas disciplinarias de sus estudiantes siguiendo el debido proceso legal y no proceder a la expulsión”.
Milton Ray Guevara, presidente del tribunal, y los demás jueces precisaron que en el caso de la especie el acto atacado “no constituye una disposición de carácter normativo ni alcance general, por tanto, está sujeto a un control de legalidad y no de constitucionalidad”.
Reiterando un precedente de la alta corte, el juzgado vuelve a precisar que “el control de la legalidad de los actos administrativos puede ser intentado a través de las vías que la Justicia ordinaria o especial ha organizado para ello”. En este caso un tribunal competente sería el Superior Administrativo. l julia ramírez
Fallo sobre tarifas de servicios
El TC también declaró inadmisible la instancia mediante la cual un grupo de estudiantes de la UASD buscaban que se declare inconstitucional la resolución que aprobó un aumento en las tarifas de los servicios. También en este caso, la inadmisibilidad deviene “por no tratarse de uno de los actos o normas sujetos al control concentrado de constitucionalidad”.
