No hay dudas de que la protección al consumidor tiene una gran importancia por el impacto que ello conlleva en la calidad de vida de las personas. Dicha protección, sin embargo, debe llevarse a cabo mediante mecanismos efectivos y verdaderamente conducentes a resolver los problemas e injusticias y no simplemente a enriquecer y adornar discursos o por carambola a beneficiar sectores comerciales que compiten con aquellos que se colocan bajo la lupa.
Existen distintas leyes vigentes en la República Dominicana relativas al ordenamiento del mercado. Varias de estas leyes contienen disposiciones que de ser en efecto aplicadas podría comenzar a desarrollarse una situación de menos desamparo para los consumidores.
Hablar de proteger al consumidor, por tanto, no debe tratarse de propuestas demagógicas, sino de lograr el cumplimiento de normas que pretenden un libre comercio saludable como la Ley de Protección al Consumidor o la Ley de Defensa de la Competencia para evitar abusos reales. Es imprescindible hacerse valer de estas leyes para evitar, por ejemplo, ofertas engañosas y falsos especiales anunciados por tiendas y mercados. Sería de gran utilidad, incluso para reducir los gastos de las otras empresas, perseguir y sancionar el cobro de servicios no brindados como el suministro de energía eléctrica. Se podría también jugar un rol mucho más activo en atacar lesivos pero habituales contratos de adhesión. Y definitivamente tendría una importante repercusión en el mercado la aplicación de las leyes para impedir las condiciones que dan lugar a la generación y sostenimiento de monopolios que degeneran en abusos de posiciones dominantes y con ello a su vez en excesiva fijación de precios en perjuicio directo del consumidor.
Sin embargo, las instituciones creadas en el país para proteger al consumidor deben tener mucho cuidado de no dejarse utilizar para fomentar, sin desearlo, una competencia desleal. A veces, una buena intención combinada con actitudes impulsivas pueden dar lugar a la acogida alegre de denuncias interpuestas justamente por grupos que quieren una vía fácil para afectar al contrincante, y cuando esto ocurre, lejos de proteger al consumidor, está la autoridad inmiscuyéndose en un asunto que no le compete: un pleito comercial y privado entre partes.
La protección al consumidor es imprescindible y en estos momentos aún más trascendente porque podría amortiguar los efectos de la reforma fiscal. Sin embargo, dicha labor debe basarse en herramientas sensatas y mecanismos legales existentes a fines de que el consumidor sea realmente protegido y no sencillamente, como ya es usual, utilizado como excusa.
