Deploran se niegue acceso al trabajo a mayores de 50 años

El cerrarle el acceso al trabajo a las personas de mediana edad es una arbitrariedad y una violación a la Constitución de la República y a los derechos humanos.

El cerrarle el acceso al trabajo a las personas de mediana edad es una arbitrariedad y una violación a la Constitución de la República y a los derechos humanos.Así se expresaron los sindicalistas Gabriel del Río y Rafael Abreu (Pepe), y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la abogada Ebarista Rodríguez, quienes deploraron que desde el Estado se promueva una práctica ilegal que el empresariado viene ejecutando hace años.

De acuerdo con Gabriel del Río, presidente de la Central Autónoma Sindical Clasista, esa es una práctica común en el mercado laboral dominicano, sobre todo en el privado, donde todo indica que se ha establecido que la edad máxima para obtener un empleo son los 40 años.

“Una persona con 48 años, 50 años, tiene derecho al trabajo, a la vida, pues como muy poco le quedan 12 años de trabajo útil, por lo que cerrarle las puertas a un empleo es una arbitrariedad y una discriminación que no debe darse”, apuntó.

Mientras que para Pepe Abreu, de la Central de Unidad Sindical, el empresariado discrimina por edad porque entiende que después de los 50 años el trabajador rinde menos, se enferma más y hay que pagarle un mayor salario por su experiencia en el campo en que se le contrate.

Recordó que la práctica contribuye al incremento del desempleo en el país y a la proliferación de la economía informal, ya que esas personas harán lo posible por generar ingresos de forma honesta.

Derechos humanos

Al respecto, Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, observó que el derecho al trabajo es una de las prerrogativas fundamentales, consagradas en la Constitución y el Código Laboral, así como en los tratados y convenios internacionales de los que la República Dominicana es signataria.

Para la abogada Ebarista Rodríguez, el artículo 62 de la Constitución de la República consagra que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, y que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. 

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