La Corte Interamericana de los Derechos Humanos otorgó varios plazos a los representantes del Estado dominicano para que depositaran todas las informaciones referentes a las presuntas víctimas de repatriaciones “arbitrarias” y falsedad de documentos, pero ninguna fueron entregadas en las fechas establecidas.
De acuerdo a la sentencia de la CIDH, el 6 de febrero del 2013 solicitaron al Estado informaciones sobre Willian Medina Ferreras, de quien fue presentado un video con el que presuntamente demostraban que este había obtenido de manera fraudulenta una cédula de identidad dominicana, estas fueron depositadas de manera incompleta el 2 de marzo razón por lo cual le fue otorgado un plazo hasta el día 12 de ese mismo mes para que entreguen la documentación pero no fue hasta el 16 de marzo, luego de que la corte les reiterara el pedimento que entregaron la información.
“Dentro de la documentación presentada por el Estado el 3 de marzo de 2014 constaban dos actas aparentemente notariales que estaban incompletas, por lo que se le solicitó que a más tardar el 12 de marzo de 2014 remitiera a la Corte copia completa de los documentos[…] o, en su defecto, las aclaraciones pertinentes. Luego de que el 14 de marzo de 2014 la Secretaría de la Corte reiterara la solicitud al Estado, éste respondió el requerimiento el 16 de marzo de 2014”, refiere la CIDH en su sentencia.
En las comunicaciones depositadas por los representantes del Estado dominicano la Corte tuvo conocimiento de que contra Willian Medina Ferreras y sus hijos, Awilda Medina, Luis Ney Medina y Carolina Isabel Medina se inició un proceso judicial por suplantación de identidad. Ese proceso judicial fue interpuesto por el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, el 4 de marzo de este año.
En tal sentido el tribunal pidió al Estado que “remitiera copia fiel e íntegra de todos los trámites o actuaciones administrativos o judiciales, inclusive penales,” vinculados con Medina Ferrera y su familia a más tardar el 22 de mayo para “mejor resolver”, sin embargo los representantes de la nación entregaron la documentación los días 28 y 29 de mayo.
Basados en la documentación depositada fuera del plazo establecido, el 30 de mayo “la corte solicitó al Estado aclaraciones al respecto, y se le concedió un plazo improrrogable al 3 de junio de 2014 para su presentación, las cuales no fueron presentadas en el plazo indicado, sino el 13 de junio de 2014.
En ese momento la CIDH pidió a República Dominicana que aclare si había enviado el expediente íntegro, y en caso contrario, que envíe copia del expediente completo y actualizado; y que confirme si hay o no abiertos otros trámites o actuaciones administrativos o judiciales, inclusive penales, en relación con las cédulas de identidad y electorales y/o actas de nacimiento de las personas identificadas como Willian Medina Ferreras, Awilda Medina, Luis Ney Medina y Carolina Medina y, en su caso, que remita a la Corte copia completa y actualizada de las actuaciones referidas.
El 31 de enero pasado la Secretaría de la corte remitió información al Estado sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso y le otorgó un plazo para presentar las observaciones que estimara pertinentes, las cuales no fueron presentadas por el Estado.
En la sentencia no se reflejó en ningún momento que los demandantes hayan violentado los plazos otorgado por ese tribunal.
No se retirarán
El canciller Andrés Navarro descartó y la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que la semana pasada condenó la nación por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000.
“La República Dominicana no ha ponderado, no tiene previsto salir de un organismo internacional por la actual coyuntura”, aclaró. No obstante, señaló que la República Dominicana no puede aceptar los términos del fallo.
La Corte encontró culpable a la República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.
Excombatientes apoyan decisión del Gobierno
Miembros de la Organización de Combatientes Constitucionalistas montaron ayer una vigilia frente al Palacio Nacional para favorecer la respuesta del Estado dominicano en contra de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Virgilio Martínez, presidente de la organización, considera que la CIDH se ha hecho de la vista gorda con muchas otras situaciones de mayor envergadura sucedidas en otras naciones. “Si los Derechos Humanos se están fijando en algo que no ha sido verdad, tendrán que irse a sentenciar países que deportan a miles de personas y ellos se mantienen con la boca cerrada”.
