La aprobación por las Naciones Unidas de las directrices sobre los Derechos del Consumidor, ha significado un paso de avance y ha contribuido a salvaguardar los intereses de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, sirviendo de punta de lanza, para que los Estados implementen políticas públicas orientadas a educar e informar a los mismos sobre todos los derechos que les asisten como consumidores.
Estas directrices están orientadas en dos (2) direcciones, primero: teniendo como objeto principal coadyuvar con los Estados en la implementación de mecanismos que garanticen la defensa y protección de los consumidores y segundo: estableciendo una serie de principios que han de observarse y tomarse en consideración para la implementación de Normas de Protección de los Consumidores y en la aplicabilidad de las mismas.
El objeto de estas directrices está orientado en la siguiente dirección:
a) Ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus habitantes en calidad de consumidores.
b) Ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas las empresas, a nacionales y extranjeras, que perjudiquen a los consumidores.
c) Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor.
d) Promover un consumo sostenible.
Los principios establecidos desde estas directrices de la ONU sirven de guías y parámetros de orientación para que los Estados al momento de establecer políticas públicas, tomen en consideración los mismos, atendiendo a las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y medioambientales de cada país.
En síntesis, colegimos que en la actualidad se puede hablar de una internacionalización de los derechos de los consumidores y usuarios, partiendo del amplio proceso de globalización, regionalización, apertura comercial y masificación del uso de las tecnologías en las actividades personales y comerciales. Esto, definitivamente viene a potencializar la defensa y protección de estos derechos, tomando como referencia que podemos incorporar en nuestra legislación los ejemplos de buenas prácticas en esta materia que ha dado muy buenos resultados en otros países, con normativas más avanzadas y garantistas.
