Los derechos políticos son derechos fundamentales de las personas que hacen posible su participación como ciudadanos y ciudadanas de un determinado Estado. Esta participación está referida tanto al ámbito electoral, como a la integración en la gestión gubernamental, siendo parte de la definición y puesta en práctica de las políticas públicas. En la medida en que hay una mayor garantía de cumplimiento de estos derechos, los ciudadanos están en mayor capacidad de intervenir en el ámbito de lo público en procura de un mejor funcionamiento del Estado.
La participación política de las personas, es una condición indispensable para garantizar el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales, como los civiles, económicos y sociales. Sólo una ciudadanía activa, está en capacidad de incidir en el Estado para que sean llevadas a cabo las políticas públicas que garanticen una mejor calidad de vida de las mayorías. Esto no es posible con un ejercicio clientelar de la política.
Diversos autores han contribuido a establecer una clasificación de los derechos políticos, la cual es de mucha utilidad para su comprensión. Se definen cuatro tipos, a saber, el derecho al voto, entendido como aquel que da facultad a los ciudadanos a elegir a sus representantes; el derecho a ser electo; el derecho a la participación en el gobierno y a ejercer funciones públicas; y el derecho de petición, que es aquel que permite al ciudadano presentar solicitudes a las instituciones del Estado y a exigir participación.
Otros tipos de derechos políticos tienen que ver con el que tienen los ciudadanos y ciudadanas a la manifestación pública y el derecho a asociarse y a realizar reuniones de carácter político. Esta visión vendría a ampliar aquel enfoque que reduce los derechos políticos al ejercicio del voto. Por lo tanto, la participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos, supone tener en cuenta dos dimensiones importantes, una que tiene que ver con la integración de la representación política, elegir y ser elegido y otra con el derecho a intervenir en los asuntos relacionados con el Estado, es decir, “hacerse presente en la toma de decisiones políticas”.
En tal sentido, la democracia debe evitar que algún grupo de personas, por su condición socio económica, de género o discapacidad, sea afectado en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. La exclusión de las mujeres de importantes espacios de toma de decisión política y la que implica la pobreza para amplios sectores de la vida nacional, son dos de los retos más importantes para un ejercicio pleno de los derechos políticos en el país.
