Con la selección de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cierra una ventana en el proceso electoral y en la nueva organización institucional de la República.
Con su decisión, el CNM cumple con el artículo 215 de la Constitución, y asimismo, coloca en manos ciertas, funciones que ahora estaban en el aire y que para algunos podía ser una fuente de perturbación de la institucionalidad política.
Ya tenemos a los magistrados que juzgarán y decidirán con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuirán sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos… Y reglamentarán, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. Es un mandato previsto en la Constitución que no podía esperar.
Aparentemente, los actores políticos han acogido las designaciones, o al menos, han reaccionado con cautela.
El CNM tuvo en cuenta la experiencia y el desempeño de quienes formaron parte de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE) dejada en el pasado, lo que puede ser útil en la misión de los nuevos magistrados.
Queda ahora mucho más claro el papel de la actual JCE, centrada en la administración de los procesos electorales y en los servicios de ciudadanía. Hay que imaginar que bajarán los niveles de conflictividad en el desempeño de sus actividades.
Ahora urge ubicar físicamente el nuevo tribunal y crear las herramientas de apoyo para su adecuada operatividad y ni hablar de habilitar los recursos económicos que debieron ser previstos en el Presupuesto de 2012.
Pero lo importante es que la designación de los señores miembros del CNM despeja uno de los nubarrones que podrían ensombrecer el panorama electoral.
Ahora tenemos la instancia ante la cual deben llegar los asuntos propios de un Tribunal Superior Electoral.
