Los escándalos de privilegios en el otorgamiento de pensiones han forzado al Gobierno a buscar la regulación del sistema.Las autoasignaciones de pensiones por cientos de miles de millones de pesos por parte de incumbentes y funcionarios de alta jerarquía de instituciones autónomas y financieras del Estado, y los consiguientes escándalos generados, parecen haber forzado al presidente Danilo Medina a embarcarse en la tarea de hacer transparente dicho sistema.
En agosto de 2011, el Ministerio de Hacienda elaboró un anteproyecto de ley para organizar el sistema estatal de pensiones. La idea era modificar la Ley 379-81, del año 1981, y reagrupar todos los planes de pensiones a cargo del Estado para que pagara todo a través de ese Ministerio, pero murió sin que cuajara.
Aunque el régimen de pensiones que impera en el país garantiza los derechos adquiridos de los trabajadores luego de servir una determinada cantidad de años, lo cierto es que debido a la autonomía y descentralización de muchas instituciones del Estado facilita que sus consejos directivos aprueben el retiro con elevados sueldos tras durar sólo dos o tres años de funciones, lo cual permite que una persona sin edad de retiro goce de una o varias pensiones y pueda seguir laborando en el aparato estatal.
El caso de Haivanhoe Ng Cortiñas puso sobre el tapete una práctica común en la esfera pública.
