La procuradora especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, dijo que devolverán la mayoría de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas a más de 60 instituciones centralizadas y descentralizadas, porque no encontraron elementos violatorios para sancionar penalmente a los funcionarios.
Al ser entrevistada por la periodista Nuria Piera para el programa “Nuria Investigación Periodística”, que se transmite por NCDN, Canal 37, la funcionaria manifestó que “si efectivamente esas auditorías no cumplen con los parámetros para un proceso penal, simplemente deben ser devueltas conjuntamente con un comunicado a la Cámara de Cuentas, explicando los esfuerzos del Ministerio Público y los hallazgos que hemos encontrado de que no procede una investigación”.
Precisó que la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) tiene al menos 67 auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, pero que la mayoría fueron remitidas a la antigua Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y que en su gestión solo ha recibido siete.
Pero no especificó cuántas de esas auditorías serán devueltas, tras precisar que primero tiene que verificar para dar un número exacto.
Laura Guerrero fue enfática al aclarar que cuando se habla de 67 auditorías, no son que han llegado recientemente a la PEPCA, sino que se trata de expedientes acumulados de las últimas tres gestiones de la Cámara de Cuentas y precisó que desde el 17 de marzo del 2013, cuando entró en funcionamiento la PEPCA hasta la fecha, solamente han llegado siete auditorías.
Principales escollos
Uno de los escollos que han encontrado en la PEPCA es que en las auditorías los investigadores lo que hacen son “unos levantamientos administrativos, una serie de informaciones descriptivas y realmente no tienen elementos conclusivos a la hora de establecer los indicios de responsabilidad penal” por violar algunas de las leyes de transparencia pública. Dijo que eso se da porque son auditorías financieras y de gestión “que lo que hacen es establecer que lo ejecutado fue conforme a lo presupuestado, evidenciar si existen algunas faltas dentro de lo que es la gestión y las normas de contabilidad”. En ese sentido, insistió en que no son auditorías que realmente van enfocadas a los aspectos forenses de una investigación penal.
Ante esa situación, señaló que en la mayoría de los casos terminan siendo faltas administrativas y que muchas veces les llegan auditorías hechas a períodos antiguos desde el 2008 hasta el 2013 y cuando van a la institución a investigar, “las pruebas, evidentemente están guardadas, distraídas y ya no tienen su efecto inmediato ni dan certeza”.
Varias gestiones al mismo tiempo
Laura Guerrero se quejó de que los técnicos de la Cámara de Cuentas “auditan diversas gestiones al mismo tiempo y no hacen una individualización de la responsabilidad de los operadores y de los incumbentes”.
También explicó que en cuanto a las observaciones de los organismos y entidades auditadas “resulta que luego de hacer una auditoría viene el informe preliminar, ese informe preliminar debe ser notificado al organismo, al incumbente para que haga las debidas réplicas y observaciones, pero muchas veces los organismos no la hacen. Otra veces la hacen y no presentan los soportes pertinentes, y otras veces, simplemente, la Cámara de Cuentas no los acredita”.
Observó que cuando llega la auditoría final al PEPCA, para dar un carácter de objetividad a la investigación tienen que valorar todos los hallazgos, “todas esas réplicas que no fueron presentadas ni soportadas a la Cámara de Cuentas y eso varía muchísimo los resultados de las auditorías”.
En cuanto a la actitud que asumiría la Cámara de Cuentas por la devolución de los expedientes, dijo que deben entender que si en el transcurso de la investigación se establecen que solo hay faltas administrativas, no pueden pretender que sometan los casos por ante una jurisdicción penal. Agregó que en esos casos, “ellos deben darle el curso exclusivamente administrativo a esas auditorías y proceder a entenderlo” y que la ley establece sanciones administrativas para esos funcionarios.
También explicó que de las siete auditorías recibidas en su gestión le han dado salida rápida y que todas han sido investigadas. Destacó que dos de esos expedientes se encuentran en los tribunales, como es el caso del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, cuyo alcalde, Félix Manuel Rodríguez, fue acusado de un presunto desfalco por más de RD$100 millones. Se le imputa la violación de los artículos 123, 145, 150, 166, 167, 169, 170, 171 y 174, así como 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Hacen un doble esfuerzo y al final no se logra nada
Laura Guerrero dijo que en el proceso de investigación se hace un doble esfuerzo, porque cuando reciben las auditorías tienen que hacer una experticia para comprobar las supuestas anomalías. Consideró que cuando hay hechos que pudieran convertirse en delitos penales, se debería informar a la PEPCA, para hacer una auditoría conjunta que tenga un valor real y una certeza para procesar penalmente a los responsables, pero no se hace así.
Explicación
Nepotismo. Cuando un funcionario tiene como empleados a familiares y amigos es una violación a una norma ética, no penal.
Observación
Objetividad. Cuando hay responsabilidad administrativa también se procesa al funcionario que se supone conoce las leyes.
