El exministro de Obras Públicas interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 85, párrafo III del Código Procesal Penal el cual da calidad a cualquier ciudadano para querellarse contra los funcionarios públicos.Víctor Díaz Rúa indica que el citado texto transgrede la Constitución en su artículo 22 numeral cinco que da a los ciudadanos calidad para denunciar las faltas cometidas por los funcionarios en el desempeño de su cargo; así como el derecho de defensa al otorgarle al “denunciante” una calidad de víctima y el derecho de constituirse en “querellante”, que la Constitución del 26 de enero de 2010 suprimió. En el recurso de inconstitucionalidad parcial Díaz Rúa, a través de sus abogados, sostiene que “en el caso que nos concierne no hay duda razonable sobre la condición existente, porque existe una diferencia abismal entre querellarse y promover la acción penal que es un acto de voluntad, y otra el derecho de presentar una denuncia”.
Que se anule
Pide que se declare la inconstitucionalidad y se anule el referido artículo en su párrafo tercero que reza “en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante”. El exfuncionario sometió el recurso luego de que la Convergencia Nacional de Abogados y la Fundación Primero Justicia, utilizaran esta facultad que da el Código para querellarse en su contra por alegados actos de corrupción.
“Para justificar la interposición de esa querella las entidades dicen tener un interés protegido, porque el artículo 85 del Código le confiera el derecho de constituirse como querellante, de esta parte hemos dicho que es norma impugnada en inconstitucionalidad”, reseña la instancia.
Pide que se descongelen sus cuentas bancarias
Díaz Rúa solicitó a un juez que ordene el descongelamiento de sus cuentas. Sobre esta petición, la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso respondió que esa oposición no procede y que fue más que adecuado la inmovilización de los fondos porque el Ministerio Público lleva una investigación por lavado de activos, delito de corrupción y deben evitar que sean distraídos.
