El Tribunal Constitucional declaró este miércoles que las salinas marinas, ubicadas en el paraje Puerto Alejandro, estarán bajo el control y administración del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, conforme lo establece la Ley núm.192/04, del siete de julio de 2004.
Para tomar su decisión, el juzgado determinó que el control, administración y uso de las salinas marinas, se encuentran ubicada en los límites territoriales del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, no solo por el lugar geográfico de la misma, sino también porque la Ley núm. 192-04, eleva a municipio a Jaquimeyes, siendo este el único requisito legislativo que le faltaba para cumplir con el mandato.
Según la sentencia, que contó con el voto disidente del magistrado Rafael Díaz Filpo y el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, la sección Jaquimeyes fue elevada a la categoría de Distrito Municipal mediante la Ley núm. 91-97, estableciendo en el artículo 7 que “Las salinas marinas ubicadas en el Paraje Puerto Alejandro seguirán bajo el control y administración del Ayuntamiento de Barahona”.
14 años después, el Consejo de Regidores, mediante Resolución núm.005, de fecha 26 de agosto de 2011, declaró en el numeral primero “a Puerto Alejandro con sus minas como patrimonio del Municipio de Jaquimeyes”.
Sin embargo, aún con dicha resolución, el Ayuntamiento de Barahona continuó con la explotación y el control de las Minas de Sal.
Las autoridades de Jaquimeyes interpusieron una acción de amparo ante la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, decidiendo acoger la acción de amparo y otorgar la administración de las salinas marinas al Ayuntamiento de Jaquimeyes. Dicha decisión fue objeto de revisión por parte del Constitucional.
Fijan audiencias
La alta corte fijó para los días siete y diez el conocimiento de 20 acciones directas de inconstitucionalidad. Entre los recursos a conocer está una acción contra la designación de Zoila Violeta Martínez Guante como Defensora del Pueblo.
Los accionantes en el caso son: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, Asociación de Mujeres por la comunidad, Fundación de Hermanos Ortiz y Parientes, Junta Popular de Organizaciones Barriales y Comunitarias (JUNTAPO), Comunidad de Integración Participativa, Federación Nacional de Trabajadores de la Venta, el Comercio, Zonas Francas y afines, Lic. José Aníbal Guzmán José y Dr. Fredermido Ferreras Díaz.
