Por:
Ana Emilia Pimentel, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ana María Diaz, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
La ratificación por parte de la República Dominicana del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ)1 marca un punto de inflexión para la inserción del país en la gobernanza oceánica global. La entrada en vigor en enero de 2026 de este tercer Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR), abrió una nueva etapa marcada por la posibilidad de establecer reglas claras para un espacio que comprende más de dos tercios del océano global y que, hasta ahora, ha sido insuficientemente protegido.
Este nuevo régimen introduce herramientas fundamentales para la sostenibilidad de la gestión de la biodiversidad marina, incluyendo mecanismos para el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar, evaluaciones de impacto ambiental más robustas, esquemas para la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, así como disposiciones orientadas al fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo. En conjunto, estos elementos permiten avanzar hacia un enfoque más integrado, preventivo y equitativo en la gestión de los océanos.
Para el país, sumarse a este compromiso, más allá de protección ambiental, es una decisión estratégica que vincula política exterior, desarrollo económico y sostenibilidad. En ese proceso, el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido fundamental para impulsar la participación de la República Dominicana en las negociaciones internacionales y en el proceso de adhesión al Acuerdo, en coherencia con la visión del país de consolidar un modelo de desarrollo sostenible, resiliente e inclusivo.
En un contexto internacional caracterizado por la creciente presión sobre los océanos, derivada del cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de recursos y la fragmentación regulatoria, el Acuerdo BBNJ representa un importante avance hacia un marco basado en reglas, cooperación internacional y toma de decisiones informadas por el mejor conocimiento científico disponible.
Para la República Dominicana, como Estado insular altamente dependiente del bienestar del océano, este Acuerdo tiene implicaciones directas en múltiples dimensiones del desarrollo. El océano constituye una infraestructura esencial que sostiene el comercio, el turismo, la seguridad alimentaria y los medios de vida de miles de personas, incidiendo directamente en la generación de empleo, la estabilidad económica y la reducción de vulnerabilidades estructurales del país.
Esta dependencia se refleja en la propia infraestructura marítima nacional: el país cuenta con 16 puertos comerciales, cinco terminales turísticas, tres zonas de fondeo y cuatro marinas, consolidándose como uno de los principales nodos logísticos del Caribe2. A ello se suma la relevancia del turismo marino, particularmente el avistamiento de ballenas jorobadas en la Bahía de Samaná, actividad que atrae hasta 100,000 visitantes cada año y genera importantes beneficios económicos para las comunidades costeras3.
Estos datos evidencian que la salud de los ecosistemas marinos no es únicamente una cuestión ambiental, sino también un factor estratégico para la competitividad y el desarrollo nacional. A nivel global, aproximadamente el 80%4 del comercio de bienes se transporta por vía marítima, mientras que la economía oceánica representa una proporción creciente del comercio internacional. La estabilidad, previsibilidad y sostenibilidad de este entorno son, por tanto, factores críticos para la resiliencia y competitividad del país.
Desde una perspectiva económica, el Acuerdo BBNJ debe entenderse en el contexto de la creciente importancia de la economía oceánica a nivel global. Diversos estudios estiman que los servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar humano y la actividad económica generan un valor superior a los US$150 billones anuales5, incluyendo contribuciones esenciales de los ecosistemas marinos. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que la economía oceánica podría superar los US$3 billones anuales para 20306, consolidándose como una de las mayores actividades económicas del planeta.
Si bien no existen aún estimaciones específicas para la República Dominicana en términos de contribución directa al PIB o número de empleos generados, en países de la región se identifican canales económicos concretos a través de los cuales los beneficios del tratado pueden materializarse: el acceso a beneficios derivados de recursos genéticos marinos —con mercados globales asociados a productos valorados entre US$400 millones y US$650 millones anuales7—, el fortalecimiento de sectores como la pesca y el turismo mediante una mejor gestión de los ecosistemas, y las inversiones en capacidades científicas y tecnológicas que generan externalidades positivas sobre productividad, innovación y empleo cualificado (HSA, 2025).
Al mismo tiempo, la biodiversidad marina sustenta servicios ecosistémicos clave, incluyendo pesquerías, regulación climática y protección costera. Las presiones acumulativas sobre estos sistemas, desde la contaminación plástica hasta el aumento de la temperatura y la acidificación del océano, requieren respuestas coordinadas que integren ciencia, política pública y cooperación internacional. El Acuerdo BBNJ ofrece precisamente ese marco, alineado con los objetivos del desarrollo sostenible, en particular el Objetivo 14 sobre vida submarina.
La evidencia económica muestra que estos impactos se traducen en beneficios productivos tangibles y concretos. Mejoras en la gestión de ecosistemas marinos han demostrado incrementos significativos en la biomasa pesquera y en los rendimientos de captura, así como beneficios económicos acumulados en el sector pesquero en el orden de millones de dólares a lo largo del tiempo. De igual forma, los servicios ecosistémicos asociados al turismo marino y costero constituyen uno de los principales canales de contribución económica en el Caribe, reforzando la relación directa entre la sostenibilidad en los océanos, el crecimiento económico y la generación de empleo.
La ratificación también abre nuevas oportunidades para el país. Entre ellas, el acceso a mecanismos de cooperación científica, el fortalecimiento de capacidades nacionales en materia de monitoreo y evaluación ambiental, y la participación en esquemas de gobernanza que definirán las reglas del uso sostenible de los recursos marinos en el futuro.
La experiencia internacional muestra que los beneficios de este tipo de acuerdos se materializan en la medida en que los países logran traducir estos marcos en políticas públicas, capacidades institucionales y alianzas estratégicas. Fortalecer las capacidades nacionales para participar es clave. La implementación del Acuerdo BBNJ refuerza el papel de la diplomacia científica como puente entre conocimiento, política pública y cooperación internacional. La participación activa en los órganos del tratado, así como en sus mecanismos de financiamiento e intercambio de información, permitirá al país no solo beneficiarse de estas dinámicas, sino también contribuir a la construcción de soluciones globales desde una perspectiva regional.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), trabajan con el fin de fortalecer las capacidades nacionales para participar en estos nuevos mecanismos de gobernanza oceánica, mejorar la coordinación interinstitucional y generar las bases para aprovechar las oportunidades de cooperación científica, desarrollo tecnológico y acceso a beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
En este sentido, el desafío y la oportunidad radican en fortalecer la coordinación interinstitucional, consolidar sistemas de información y monitoreo oceánico, e integrar la dimensión marina en la planificación del desarrollo nacional. Asimismo, requiere impulsar la investigación científica aplicada, promover la innovación y facilitar la transferencia de tecnología, en estrecha articulación con socios regionales e internacionales.
La República Dominicana, como Estado parte de la CONVEMAR, reafirma, al sumarse al BBNJ, su compromiso con un modelo de desarrollo que reconoce la interdependencia entre economía, sociedad y naturaleza, en la búsqueda de generar bienestar, reducir desigualdades y fortalecer la resiliencia frente a los desafíos climáticos y ambientales. En un momento en que los desafíos globales requieren respuestas colectivas, el país apuesta por una gobernanza oceánica moderna, basada en la cooperación, la equidad y la sostenibilidad.
El país, ha dado un paso concreto en dirección a la oportunidad de fortalecer la gestión sostenible de los océanos como un componente estratégico del desarrollo nacional. Ese compromiso requerirá mantener un trabajo coordinado entre los distintos poderes e instituciones del Estado, incluyendo el Congreso Nacional, cuya aprobación permitió la ratificación del Acuerdo y que desempeñará un papel relevante en los desarrollos normativos que puedan derivarse de su implementación.
