Aunque todavía no ha analizado la documentación y denuncias que recopiló en el país sobre la supuesta violación a los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó ayer que la sentencia 168/13 que define los criterios para acceder a la nacionalidad dominicana por el derecho de suelo ha agravado las violaciones al derecho a la nacionalidad en la República Dominicana y que “tiene un efecto desproporcionado” en las personas de ascendencia haitiana nacidas en el país.
Luego a 3 mil 994 personas que presentaron denuncias, testimonios y comunicaciones por ser afectados por el fallo y de reuniones con las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, la CIDH concluyó que la sentencia es arbitraria y discriminatoria.
El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, aclaró que la visita “in loco” al país se limita solo al monitoreo de la situación de los derechos humanos por lo que no implica ningún tipo de sanción por el momento. Sin embargo, sostuvo que esa no sería la situación si algunas de las personas que presentaron denuncias encaminan acciones individuales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Todavía no se ha hecho un análisis minucioso sobre el contenido de las denuncias y sería a partir de ahí que se decidirá si se abrirán trámites y será la oportunidad para que el ilustre Estado de la República Dominicana pueda exponer sus puntos de vista”, sostuvo.
Los comisionados de la CIDH ofrecieron las conclusiones preliminares de su observación en el país durante una rueda de prensa en la que participaron personas de ascendencia haitiana, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil que han rechazado el fallo del Tribunal Constitucional. Por la CIDH, además de Orozco, participaron la primera vicepresidenta, Tracy Robinson; la segunda vicepresidenta, Rosa María Ortiz y los miembros Dinah Shelton, Felipe González y Rosa María Antoine.
Recomendaciones al Gobierno
Orozco explicó que cuando concluyan el análisis de los datos recolectados presentarán las conclusiones definitivas y una serie de recomendaciones al Estado dominicano que corregir la situación creada por la sentencia en consonancia con los estándares internacionales sobre el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, en sus observaciones preliminares, la CIDH le advierte al Gobierno que las medidas que se adopten para enfrentar la situación deben garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya la tenían desde el 1929 hasta el 2010 y que no se le puede exigir a las personas con derecho a la nacionalidad dominicana que se registren como extranjeros como requisito al reconocimiento de sus derechos. Asimismo, que las medidas deben ser generales y automáticas.
En ese sentido, Orozco rechazó la ley especial de naturalización que el Gobierno anunció para las personas que están asentadas en el registro civil de manera irregular porque eso implicaría el reconocimiento a una nacionalidad distinta a la dominicana.
Intolerancia
En su informe, la CIDH revela que recibió múltiples denuncias de las personas que rechazan el fallo del Constitucional por supuesta intolerancia e incitación a la violencia. En ese sentido llamó a los funcionarios públicos a abstenerse de patrocinar los discursos que generan discriminación cultural, intolerancia e incitación a la violencia.
Reunión con el Presidente
Orozco dijo que en la reunión que sostuvo con el presidente Danilo Medina, el gobernante reconoció que existe un problema de nacionalidad en el país que afecta a las personas que nacieron en suelo dominicano y que el fallo 168/13 no le permite acceso a la nacionalidad. Dijo que en esa misma tesitura se expresaron los voceros de las bancadas de los partidos en la Cámara de Diputados.
Defiende competencia de órgano
El presidente de la CIDH forma parte de ese sistema por una decisión soberana que adoptó en el 1948 y que en el 1959 participó de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ratificó el 19 de abril de 1978. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado siete visitas “in loco” al país. La primera fue en el 1961, 1963, 1965, 1966, 1991, 1997 y 2013. En su informe, la CIDH reconoció y resaltó la labor solidaria del país ante el terremoto de enero del 2010 en Haití.
Fallo tiene “efecto cascada”
La CIDH en su informe preliminar le resta credibilidad al levantamiento que hizo la JCE en los libros del registro civil desde el 1929 hasta el 2007, y afirma que las personas impactadas por la sentencia superan los 200 mil. Afirma que esa información le fue suministrada por diversas fuentes incluidas del Gobierno.
Sostiene que la cifra de la JCE “no incluyó a las personas cuyos nacimientos no fue registrados”. “Este listado tampoco tiene en cuenta la segunda, tercera o posteriores generaciones de personas de origen haitiano, cuyo nacimiento fue registrado utilizando un documento de identidad dominicano válido. Estas personas también se verán afectadas por la decisión del Tribunal, ya que la decisión tendrá un efecto cascada en todas las generaciones que nacieron en el país”, señala.
