El conflicto que afecta la Junta Central Electoral (JCE) por las contradicciones públicas de su presidente, Roberto Rosario, con dos de los miembros titulares, José Ángel Aquino y Eddy Olivares, por diversos temas que competen a ese organismo, ha provocado que sectores de la sociedad pidan su interpelación, llevados a juicio político e incluso que sean destituidos de sus cargos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, informó que hoy ese organismo discutirá el conflicto que afecta la JCE y garantizó que el debate se hará en el marco del respeto a la Constitución, las leyes y el reglamento del órgano. “Asumiremos con prudencia, imparcialidad y firmeza nuestra responsabilidad, que no haya lugar a dudas”, afirmó Martínez a través de su cuenta de Twitter. Mientras, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) pidió que los miembros de la Junta sean sometidos a un juicio político a fin de que respondan por los problemas que existen entre sus miembros porque esa situación les ha restado credibilidad y los inhabilita para organizar las elecciones del 2016.
Incluso, Julio César de la Rosa, presidente de la entidad, dijo que a los actuales miembros de la JCE les debe suceder lo mismo que a los integrantes de la Cámara de Cuentas que en el 2008 el Senado los destituyó por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones. “En aras de tener una Junta Central Electoral capaz y eficiente deben irse todos, por la vía de la renuncia o por vía de la destitución después de ser juzgado en un juicio político, pasando en lo inmediato a escoger una Junta con miembro desvinculados de los partidos políticos”, expresó De la Rosa a través de un comunicado de prensa.
De su lado, Olivares calificó como positivo el hecho de que el Congreso investigue a fondo la situación de la JCE porque eso contribuirá a la mejoría del organismo y la gobernanza. Olivares dijo que las diferencias en un organismo colegiado son normales y que las ideas deben discutirse abiertamente.
“La zurrapa de la comisión bicameral es un juicio político contra algunos”
Para Ramón Rogelio Genao, vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), lo que pasa en el tribunal de comicios no tiene méritos para que el Congreso Nacional tenga que movilizarse y atribuyó las diferencias a que es un organismo colegiado con visiones distintas entre sus miembros. Indicó que en el fondo lo que se busca es un juicio político contra algunos miembros y “esa es la zurrapa que hay detrás de la propuesta para formar una comisión bicameral”. El pasado domingo el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, propuso que se cree una comisión bicameral para que investigue la crisis que afecta la JCE.
Contrario a Genao piensa el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, que consideró correcta la salida presentada por Pared Pérez de proponer que una comisión bicameral estudie el caso.
Recordó que una de las funciones principales del Congreso es fiscalizar todos los órganos e instituciones del Estado y tiene la autoridad para solicitar un juicio político en caso de que se confirme que algunos de sus miembros han cometido faltas graves que violen las leyes o la constitución.
Los diputados de ultramar Alfredo Rodríguez y Levis Suriel Gómez coinciden en que las diferencias existentes entre algunos miembros de la Junta se refleja en la diáspora y pusieron como ejemplo el cierre de las oficinas en demarcaciones de gran presencia de dominicanos como Nueva York y Nueva Jersey. “Yo pienso que ellos tienen diferentes pensamientos en la Junta por las oficinas que fueron cerradas en el exterior, yo me siento bastante preocupado por esa situación porque no se está tomando en cuenta a los dominicanos que viven fuera de aquí”, dijo Rodríguez.
El diputado José Francisco Santana, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que no hay razón para un juicio político y dijo que lo que pasa en el tribunal es el fruto de la diversidad de criterios. Luis René Canaán, senador del PLD, está de acuerdo con la propuesta de Pared Pérez y entiende que los resultados de una investigación es lo que determinará si se llamaría a un juicio político o de sustitución, aunque cree que por lo que se ve las cosas no llegan tan lejos. .
Divorcio Rosario-Aquino
Roberto Rosario y José Ángel Aquino desde que llegaron a la JCE habían creado una imagen de alianza en su trabajo, pero en los últimos meses las diferencias han pesado más. Aunque el rechazo a la propuesta de Aquino para que la JCE apoyara su propuesta de una ley que regularice el estatutos legal a más de 22 mil hijos de madres extranjeras no residentes, en su mayoría haitianas, ha sido el detonante, las diferencias se han registrado en otros temas, como el cierre de las oficinas de servicio en el exterior.
Aquino criticó la forma en que Rosario le reclamó al Gobierno de Danilo Medina que le asignara mayor presupuesto al considerar la actitud del presidente de la JCE “como un acoso mediático” al Gobierno. En ese sentido, Aquino fue comisionado por el pleno de la JCE para que se acercara al Gobierno para gestionar más recursos, pero luego de que se reunió con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el funcionario le dijo que presentaran sus necesidades más urgentes, el pleno de la JCE dio el tema por cerrado.
Rosario está preparado
El presidente de la JCE sostuvo ayer que la institución continúa ejecutando su plan de acción, el cual fue aprobado a unanimidad por el pleno en su primera sesión de trabajo en el año 2010, y que incluye el fortalecimiento del registro civil en todo el territorio nacional.
Rosario habló al dejar en funcionamiento las nuevas instalaciones de la JCE en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte, donde operarán la Junta Electoral, un Centro de Cedulación y la Oficialía del Estado Civil de esa jurisdicción.
Dijo que prefiere dejar que los ciudadanos juzguen sus actuaciones al frente del organismo. “Siempre estoy preparado para coger mis maletas e irme sin ningún problema”, expresó Rosario.
José Ángel Aquino
El pasado jueves el presidente de la JCE informó que fue necesario suspender la reunión del pleno por falta de quórum. Producto de eso, Rosario propuso modificar el reglamento interno de la institución con la finalidad de que los suplentes de los miembros sean convocados para cada pleno en caso de que los titulares no lleguen puntual a las reuniones. La propuesta de Rosario sugiere que aunque los miembros titulares lleguen a las reuniones los suplentes se quedarán hasta el final. Igualmente, Rosario propuso que el dinero recaudado por las oficialías sea usado para la nueva cédula.
JCE niega haya enviado casos a Migración
En un comunicado, la JCE niega que el pleno de ese organismo haya decidido enviar a la dirección de Migración los 22 mil 673 registros de hijos de madres extranjeras no residentes. Según un comunicado de la JCE lo que acordó el organismo fue hacer una depuración de los casos que presentó José Ángel Aquino, quien preside la Comisión de Oficialías de la JCE, y explica que hasta ahora ese tema nunca se agendó, conoció o anuló. “Es falso que el pleno de la JCE haya decidido remitir los citados expedientes a la Dirección de Migración, sino que lo acordado fue la documentación, depuración y revisión de los mismos, que dijo tener dicho magistrado, y que a la fecha nunca el pleno agendó, conoció o anuló, para luego ser depurados, remitirlos de nuevo al pleno y los que apliquen al concepto de casos especiales descriptos en el artículo 9, numerales 2 y 4 de la Ley 285-04, para fines de documentación y solución se lleven al Consejo Nacional de Migración”, establece la JCE.
La JCE explica que hasta el momento ha suspendido la expedición de 4,338 actas del estado civil de las que mil 88 corresponden a madres extranjeras no residentes por ser consideradas viciadas o irregulares. Por el tema, la pasada semana el presidente de la JCE fue citado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Igualmente, por la suspensión de documentos a dominicanos de ascendencia haitiana, contra la República Dominicana pesa una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue interpuesta por varias organizaciones que defienden los derechos de los descendientes de haitianos.
