Nueve diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitaron ayer que se investigue la concesión de administración de la carretera Juan Pablo II, que comunica al Gran Santo Domingo con la provincia Samaná.Juan José Morales Cisneros y Alexis Jiménez, fungiendo como voceros del grupo de legisladores, denunciaron que a 27 años para la terminación del contrato, el Estado ha cubierto el 80% del costo de la obra, lo que significa que el país terminará pagando más de US$2,500 millones por la carretera.
Durante una rueda de prensa, los congresistas dijeron que en la sesión de hoy solicitarán al pleno aprobar una resolución para que nombre una comisión a fin de investigar la concesión otorgada por el Gobierno a la empresa colombiana Autopista del Nordeste, CxA. “Nos urge que esta situación sea aclarada. No podemos permitir que el Estado dominicano, el pueblo, siga siendo estafado. No podemos pagar 432 pesos para ir a Samaná, y 507 pesos para ir a Las Terrenas, en un tramo de 22 kilómetros”.
El representante por la provincia de Samaná afirmó que recibir más de 2,500 millones de dólares por una inversión de US$150 millones, constituye una gran estafa al Estado. “Frente a esta realidad nosotros entendemos que habremos vuelto a la época de la colonia, donde nos dieron espejitos por oro, y nosotros no estamos en disposición de que al pueblo dominicano se le siga estafando”, dijo.
Morales Cisneros sostuvo que en los tres años de operación de los peajes de dicha carretera, el Estado ha terminado pagando subsidios “sombra”, debido a la reducida circulación vehicular, que apenas alcanza las 2 mil unidades diarias,cuando se había estipulado en unos 5,500.
“El Estado tiene que pagar por 2,500 vehículos que no pasan y va a tener que seguir haciéndolo”, se quejó. Asimismo, dijo que la carretera, que tildó de “camino vecinal” presenta vicios de construcción, como ondulaciones que ocasionan grandes inconvenientes a los conductores cuando llueve.
