En momentos que las iglesias han arreciado su lucha en contra de las observaciones hechas al Código Penal Dominicano y los grupos feministas continúan apoyando la decisión del presidente Danilo Medina en ese sentido, diputados de diferentes partidos políticos advirtieron ayer que no aceptarían presión de nadie a la hora de tomar una decisión al respecto.
Pablo Santana, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entiende que al campo de la medicina se le debe permitir la opción al profesional de determinar: “dejar perder o salvar vida”, tras recordar que en el caso particular de las iglesias siempre han objetado el aborto.
Sostuvo que no importa que las iglesias lleven el caso ante el Tribunal Constitucional, ya que los legisladores están facultados para rechazar o acoger las observaciones que vengan del Poder Ejecutivo.
“Hay que permitir siempre el derecho a disentir, no solo a las iglesias, sino a cualquier estamento que se considere afectado con una decisión. Es un derecho de nosotros a decidir lo que entendemos sea correcto o no. Nosotros no vamos a coger presión de nadie, porque nosotros fuimos elegidos por la población para que conociéramos y aprobáramos lo que más conviene a la sociedad dominicana”, agregó.
De su lado, su compañero de partido, Julio Campos, indicó que siempre ha estado a favor de la vida y que de acogerse esas observaciones a los artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal, relativos al aborto, se caería en la inconstitucionalidad.
“A mí nadie me ha presionado, yo siempre he actuado con absoluta libertad”, manifestó Campos, congresista miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja que tiene a su cargo la revisión del Código Penal Dominicano.
En tanto que Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), explicó que el Congreso Nacional siempre actúa bajo presión, pero que eso no es el problema, ya que los congresistas deben tomar la decisión que consideren o entiendan.
“El Congreso por lo general actúa bajo presión, porque siempre hay un sector que presiona, en este caso particular las iglesias y las organizaciones feministas; o sea, que el Congreso es un centro de recibir presión, pero eso no es el problema, el problema es que tomemos la decisión correcta y yo creo que la decisión correcta es rechazar la propuesta del Presidente de la República”, expuso Cedeño.
Mientras que Miriam Cabral, del oficialismo, expresó que se hace necesario buscar un punto de equilibrio entre los sectores involucrados en el debate sobre el aborto, donde el gran beneficiado sea el pueblo dominicano. “Se debe buscar un punto medio, un punto que favorezca a los dominicanos en sentido general. Es un tema que los diputados tenemos que trabajarlo pensando en el bienestar del ser humano”, manifestó.
Las iglesias se han unificado en contra de la observación al Código Penal, pero las feministas y grupos apoyan que la pieza sea devuelta al Congreso.
El Gobierno
Ayer el portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, dijo que en la observación hecha por el Ejecutivo al Código Penal sigue establecida la penalización del aborto, pero precisa tres excepciones, considerando la realidad y los derechos de la mujer. Explicó que estos tres casos excepcionales son cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
El funcionario afirmó que estas observaciones solo se refieren a los artículos 107, 108, 109 y 110 que conforman en su conjunto la sección III, título II de la ley relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo.
Decisión meditada
“Esto ha sido muy bien meditado por el Presidente de la República. Quien ha sido sumamente cuidadoso, y esto es una decisión que revela no solo la humanidad de Danilo Medina, sino su apego irrestricto de la Constitución y de la realidad de nuestro país”, subrayó Rodríguez Marchena.
En declaraciones ofrecidas a la prensa en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, el funcionario expuso que el jefe de Estado fue explícito en la comunicación que envió la pasada semana al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, sobre las bien ponderadas razones para la observación de la pieza como se refiere en el penúltimo párrafo de la misiva en cuestión:
Dicho párrafo de la carta enviada por el Presidente a la Cámara Baja, el cual fue leído por Marchena dice lo siguiente: “Consideramos, por tanto, que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir al Estado, sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres supuestos debidamente fundamentados:
cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.
El director de Comunicación del Gobierno, de igual modo, citó el segundo párrafo de la misiva: “La observación que formulamos mediante esta comunicación es de naturaleza parcial, ya que recae exclusivamente sobre los artículos 107, 108, 109 y 110, que conforman en su conjunto la sección III, título II de la ley relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo”.
Sobre sus tuits escritos en su cuenta de Twitter el pasado jueves, Marchena indicó que su objetivo con los mismos era precisar de manera pedagógica el espíritu de lo remitido al Congreso por el gobernante.
“Esto no es un tema religioso, es un tema de salud pública, de conciencia de las mujeres dominicanas, apreciamos su capacidad de decidir, eso es lo que estamos diciendo, estableciendo la libertad que tienen las mujeres dominicanas en una situación de encrucijada grave en la vida a decidir”, puntualizó.
PLD apoya las iglesias
La Secretaría de Cultos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mediante documento enviado a los medios, manifestó su respaldo a la postura asumida por la Conferencia del Episcopado y las iglesias, entidades que reclaman la ratificación del Código Penal como fue aprobado por los congresistas.
“La Secretaría de Cultos del PLD considera la problemática del derecho a la vida, consagrado en el Artículo 37 de nuestra Constitución, como un asunto ideológico, por lo que sospecha que grupos minoritarios, que no respetan el valor de la vida humana, pretenden pescar en río revuelto, enarbolando valores que predican, pero que no practican”, concluye.
El documento fue rubricado por los integrantes de la secretaría de Cultos del PLD, Francisco Cruz Pascual, titular y los subsecretarios Aquilina Alcequiez, Félix Gálvez, Roberto Lafontaine, Carmen Tavárez, Juan Ramón Cruz y Mario Holguín. Los dirigentes peledeístas se reunieron para analizar la posición asumida por el Gobierno sobre el Código Penal.
Marchena dice que se respeta a las iglesias
Roberto Rodríguez Marchena refirió que las organizaciones religiosas como las iglesias tienen todo el derecho de expresarse en contra, “pero lo que sí hay que reconocerle al Poder Ejecutivo y a los ciudadanos y ciudadanas es su derecho a pensar de manera diferente”. Hablando ante decenas de periodistas, el funcionario indicó que el presidente Danilo Medina ha respetado perfectamente la Constitución de la República.
