El director general de Impuestos Internos (DGII), Juan Hernández, dijo este sábado que el hecho de que unas 40 instituciones hayan objetado la Ley General de Salarios del Ministerio de Administración Pública significa que esas entidades no fueron consultadas y que se trabajó el tema sin conocer las interioridades de las mismas.
Sostuvo que responsablemente plantea que en el sistema tributario la norma en cuestión es un riesgo, porque este se vería atado por ejemplo, a contratar personal, como abogados que se requieren en ocasiones, para llevar casos muy especializados en los tribunales, porque tendría limitante de la cuestión de los salarios.
La norma referida por Hernández plantea que ningún funcionario podrá tener un sueldo superior al del presidente de la República, entre otros elementos.
La DGII no ha planteado ser excluida de la normativa, pero dejó claro que fruto de la especialización del personal de esa institución resulta un tanto difícil aplicarla. Parte de los logros alcanzados por la DGII ha sido atribuida a los salarios competitivos de su personal, tal como ocurre en muchas empresas áreas del sector privado.
En esencia, el planteamiento del Juan Hernández se refiere a que las instituciones no pueden darse el lujo de que por salarios no competitivos las instituciones sufran el éxodo de sus empleados hacia otros lugares que sí pagan mejor.
El director de la DGII habló del tema al participar en el seminario “La DGII 2004/2012: Radiografía de una transformación institucional”.
