Representantes de la sociedad civil y entidades ligadas al sistema de justicia consideraron ayer que es necesario que en el país se implementen los localizadores electrónicos como medida de coerción alternativa a la prisión preventiva.
Entienden que esta medida puede ayudar a descongestionar el números de reclusos en las prisiones del país, ya que aproximadamente el 60% de los presos están en condición de preventivos, lo que a consideración de Laura Hernández, titular de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, representa una involución del sistema de justicia penal.
Una posición parecida fue la que expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quien puso como ejemplo que con la privación de libertad, los juzgados competentes no han logrado resolver el incremento de la inseguridad en la ciudadanía, el aumento de los crímenes, la violencia de género y los robos.
Ambos profesionales del derecho justificaron que las cáceles están lejos de ser centros de regeneración para la reinserción social y que el uso de los localizadores como alternativa a la prisión preventiva, es una tendencia que va ganando terreno en países de todo el mundo.
Aseguraron que la utilización de esos mecanismos le resulta menos costoso al Estado que mantener una persona en prisión provisional, garantiza el progreso tecnológico de la justicia penal y protege la intimidad del usuario.
Laura Hernández llamó la atención del Estado para que se tomen previsiones y evitar que el uso de los localizadores electrónicos no se convierta en un acto discriminatorio en contra de los sectores más empobrecidos, que constituyen la mayoría de los sometidos al proceso penal.
Hernández hizo la salvedad tomando en cuenta que los dispositivos tendrán un costo mensual para el imputado de 3,200 dólares.
