Santo Domingo.- El Procurador General, Francisco Domínguez Brito, realizó el lanzamiento del “Protocolo para la Investigación del Crimen de Feminicidio en RD, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que estuvo representada por Carlos Cano Corcuera, el cual está orientado a proporcionar las líneas de actuación para mejorar la práctica de los operadores de justicia durante la investigación y el procesamiento penal de las muertes violentas de mujeres por razones de género.
El Protocolo fue elaborado en el marco del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de los Operadores de Seguridad del Sistema de Justicia Penal en República Dominicana, suscrito entre la AECID, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, y en la elaboración del mismo participación el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer, entre otros actores.
Al dirigirse a los presentes, el máximo representante del Ministerio Público, Francisco Domínguez Brito dijo que a través del documento buscan promover la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de los operadores del sistema de Justicia Penal, así como también proveerles de las herramientas que garanticen los derechos de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares, puntualizando su participación durante todas las etapas del proceso.
Aseguró que mantendrán en alerta permanente a fin de evitar que continúe el crecimiento de los feminicidios en los próximos seis meses, tras indicar que la meta para este año es reducir la tasa de muertes por este flagelo.
Domínguez Brito expresó su satisfacción por el compromiso asumido por los jueces y fiscales en el tema de la violencia hacia la mujer. En ese orden, declaró que aunque los actores del sector justicia en el tema de violencia de genero han avanzado, existe la necesidad de cambiar la mentalidad machista y egoísta del hombre cuando ve que su pareja se supera, académica y económicamente.
“Se hace necesario asumir una masculinidad responsable, donde impere siempre el respeto a hacia la mujer”, enfatizó.
Tras presentar el documento, Domínguez Brito afirmó “priorizamos este Protocolo como un compromiso institucional de Tolerancia Cero hacia el crimen de Feminicidio para erradicar la impunidad, asegurando la vida y la seguridad de nuestras mujeres, niñas y adolescentes”.
Aseguró que la idea es fortalecer la actuación coordinada en la persecución penal desarrollada por el Ministerio Público y los organismos auxiliares a través de la capacitación especializada, con énfasis en los operadores de seguridad.
“La elaboración de este Protocolo de actuación para el Feminicidio en la República Dominicana, conforme a nuestra realidad procesal penal es el resultado de la coordinación interinstitucional entre la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, del Poder Judicial y la Policía Nacional, junto a los expertos de la AECID, Ana Álvarez, y los doctores Juan Manuel Cartagena y Raquel Barrero”, detalló.
El máximo representante del Ministerio Público declaró que la República Dominicana ha suscrito diversas convenciones internacionales, que le comprometen a dar una respuesta oportuna y efectiva frente a la problemática de la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales con una Constitución que, por primera vez, reconoce la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar junto a disposiciones legales complementarias.
En ese sentido, expresó que el Plan estratégico del Ministerio Público se inserta dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo para el período 2010-2030 de la República Dominicana que regirá y orientará las políticas públicas del país, el cual incluye dentro de sus líneas de acción el establecimiento de criterios y protocolos unificados de actuación para su aplicación a nivel nacional.
Agregó “entendemos que el acceso a la Justicia es un elemento fundamental para el Estado por lo que el sistema de Justicia Penal debe ser negador del miedo y promotor de la debida diligencia para facilitar a las víctimas la reparación de los daños que supone la vulneración a sus derechos fundamentales”.
