En el mes de junio pasado, este diario desarrolló una campaña sobre la alta proporción de los servidores del Estado que están en edad de retiro y que pese a ello siguen en la nómina, en realidad, trabajando. Decíamos que sólo en el Ministerio de Salud Pública el 67% del personal tiene más de 65 años de edad.
Planteábamos que el Estado debía atender lo que podría ser una creciente demanda de jubilación. La realidad es, sin embargo, que la mayoría de ese personal prefiere continuar en sus puestos. Teme un retiro incierto.
Entonces recordábamos que el Colegio Médico Dominicano (CMD) reclama la aplicación de la Ley 414-98, que en su artículo 7) establece que el médico tiene opción a solicitar su retiro a los 60 años y es obligatorio a los 65 años de edad. Pero ha habido desacuerdo entre los médicos colegiados y el Ministerio, porque entra en contradicción con la ley 87-01 en materia de prestaciones.
Pero ahora “descubrimos” que en el sector público y hasta en la empresa privada hay reticencia para contratar a personas de la edad media, lo que si bien constituye un desconocimiento de lo que pudieran ser derechos individuales, entra en la lógica de quienes deben decidir el perfil de sus organizaciones, en una país cada vez más joven.
De cualquier manera, el tema resulta interesante y representa desafíos para la empresa y para las instituciones públicas. El recurso humano tiene necesariamente que renovarse. Quienes han llenado sus ciclos vitales deben igual abrir las compuertas a las nuevas generaciones. Pero hay que asegurar a quienes ya entregaron sus mejores años.
Todo eso tiene que ver con el desarrollo armónico de una sociedad, con sus usos y costumbres, y principalmente, con una visión no trabajada acerca de las capacidades que requiere la Nación para avanzar.
La cuestión encierra sus matices. Lo que pudiera ser válido para algunas instituciones no tendría que serlo para otras.
