La salud pública es uno de los sectores que los gobiernos tienen más responsabilidad de prestar atención, en procura de velar por las buenas condiciones físicas de los ciudadanos, de forma que la incidencia de enfermedades y de malos procedimientos no provoque el incremento en el deterioro de las condiciones físicas y mentales de la gente y menos su muerte.
En República Dominicana la aprobación de una Ley General de Salud y de una Ley de Seguridad Social no han sido suficientes para que los actores fundamentales que procuran la buena salud de los ciudadanos hayan desarrollado acciones de regulación y prevención más efectivas.
La tasa de mortalidad materna ha bajado, pero en proporciones aún mínimas en comparación con los estándares externos.
La cobertura de salud, tanto pública como a través del nuevo sistema de seguridad social, ha aumentado, pero se mantiene muy lejos de la meta de alcanzar un espectro total o casi completo de la población nacional y extranjera.
Pero además, el sistema de salud del Estado ha fallado en la aplicación de controles a asuntos elementales y que no son tan difíciles de erradicar o regularizar.
Los mataderos y su funcionamiento sin los debidos controles es un tema en el que todavía las autoridades no pueden ofrecer buenos resultados.
Lo mismo ocurre con la proliferación de centros médicos que no reúnen las más mínimas condiciones para operar con regularidad, y lo hacen ante la mirada indiferente de las autoridades.
La venta de agua “a granel”, que finalmente es usada para el consumo humano, se hace sin los debidos controles sanitarios.
La comercialización de medicamentos falsos desde una zona del país que todos conocen y que nadie se digna en controlar.
Finalmente, está la falta de regulación efectiva en el contenido de los alimentos que se comercializan en el país, tanto de producción nacional como extranjera. Esas son tareas de sanidad pública en las que se deben poner mayores esfuerzos de control. l
