Agricultura y construcción figuran entre los ramos que las entidades financieras ven expuestas a efectos climáticos
La banca dominicana todavía tiene pendiente incorporar de manera más amplia los riesgos ambientales y climáticos en sus procesos de evaluación de crédito. Aunque las entidades reconocen que estos factores pueden afectar sus resultados financieros, solo el 11 % ya los toma en cuenta al momento de calificar a sus deudores.
Se trata de un desafío para el sistema financiero, debido a que fenómenos como inundaciones, sequías y huracanes pueden afectar las operaciones de empresas, reducir sus ingresos, deteriorar su capacidad de pago y disminuir el valor de los bienes que sirven como garantía de los préstamos. Entre las actividades que las propias entidades identifican con mayor vulnerabilidad ante esos eventos figuran la agricultura y la construcción, ambas señaladas por el 67 % de las instituciones consultadas.
Los datos están contenidos en el segundo Informe de Encuesta sobre Riesgos Ambientales y Sociales, publicado el 4 de noviembre de 2026 por la Superintendencia de Bancos (SB), que evaluó el nivel de preparación de las entidades de intermediación financiera para identificar, medir y administrar estos riesgos. El levantamiento incluyó a las 45 instituciones supervisadas, con una cobertura del 100 % del universo. La evaluación muestra que el reconocimiento de los posibles efectos financieros del cambio climático está más extendido que las herramientas utilizadas para administrar sus consecuencias. El 87 % de las entidades considera que los asuntos ambientales y climáticos tienen un impacto financiero material, pero una proporción mucho menor ha avanzado hacia la aplicación de mecanismos específicos para incorporarlos a sus operaciones.
Uno de esos instrumentos es el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), utilizado para identificar y evaluar los posibles efectos ambientales y sociales de las actividades que reciben financiamiento. Según la encuesta, el 24 % de las instituciones tiene esta herramienta en alguna etapa de implementación, mientras que otro 29 % estudia adoptarla.
La diferencia entre reconocer el riesgo y disponer de mecanismos para gestionarlo también se observa en la evaluación de los préstamos. Solo el 11 % de las entidades incorpora actualmente el análisis de factores climáticos en la calificación crediticia de sus deudores, una práctica que permitiría considerar la exposición de las actividades financiadas a eventos capaces de comprometer sus ingresos y obligaciones financieras.
La Superintendencia explica que los efectos ambientales pueden trasladarse al sistema bancario a través de distintos canales. Uno de ellos es el riesgo de crédito, cuando una empresa o persona pierde capacidad para cumplir sus compromisos financieros por daños en sus activos, interrupciones de sus actividades o reducción de sus ingresos. También puede producirse una pérdida de valor de las garantías que respaldan los préstamos.
A estos efectos se suman los riesgos legales y reputacionales. Las entidades pueden verse expuestas a sanciones o litigios cuando financian actividades que incumplen disposiciones ambientales, así como a pérdidas de confianza de clientes, inversionistas y depositantes por su vinculación con operaciones de impacto negativo.
Políticas todavía en elaboración
En el componente estratégico, la encuesta encontró que el 29 % de las instituciones cuenta con políticas formalizadas para abordar los riesgos ambientales y sociales, mientras que el 49 % se encuentra en proceso de elaboración.
Este último resultado representa un cambio frente al levantamiento de 2024, cuando apenas el 7 % reportaba estar desarrollando formalmente esas políticas. La evolución apunta a que una mayor cantidad de entidades ha comenzado a trasladar el reconocimiento de estos riesgos hacia procedimientos y disposiciones internas.
Sin embargo, todavía existe una proporción importante del sistema que no ha completado ese proceso. La formalización de políticas constituye una de las condiciones para establecer responsabilidades, definir criterios de evaluación y determinar cómo deben considerarse los factores ambientales y sociales al momento de conceder financiamiento.
En materia de gobernanza, el 36 % de las instituciones cuenta con responsables o estructuras organizacionales dedicadas a estos asuntos, mientras que el 49 % está estudiando o en proceso de incorporarlos. La supervisión de estos temas se concentra principalmente en los órganos tradicionales de administración de riesgos. El Comité de Gestión Integral de Riesgos interviene en el seguimiento de los asuntos ambientales y sociales en el 44.44 % de las entidades, mientras que el Comité Ejecutivo o la Alta Gerencia lo hace en el 40 %. Por su parte, 26.67% aborda estos factores mediante sus comités de crédito y el 22.22 % cuenta con un comité de sostenibilidad o responsabilidad social especializado a nivel directivo.
Avances en financiamiento verde
La encuesta también identifica avances en la incorporación de productos financieros con objetivos ambientales y sociales. El 20 % de las entidades dispone de instrumentos temáticos dirigidos a financiar actividades de esa naturaleza. Entre las líneas de crédito verdes reportadas predominan las destinadas a eficiencia energética y energías renovables, presentes en el 18 % de las instituciones. También figuran el financiamiento para agricultura sostenible, con un 11 %, y las actividades de transporte sostenible, construcción sostenible y manufactura eficiente, cada una con un 9 %.
Otro elemento importante es la capacidad de identificar estos préstamos dentro de los sistemas informáticos de las entidades. El 36 % ya parametriza los créditos verdes en su sistema principal o core bancario, lo que facilita su identificación y seguimiento dentro de la cartera de financiamiento.
Esta clasificación permite distinguir los recursos destinados a actividades con objetivos ambientales o sociales de los préstamos convencionales.
Objetivos ambientales formalmente aprobados
Pese a los avances, el establecimiento de compromisos cuantificables sigue siendo limitado, indica la SB. Solo el 11% de las entidades reporta objetivos ambientales o climáticos formalmente aprobados, el 58 % está estudiando la factibilidad de establecerlos. Según los resultados, el sector ha pasado de una etapa de mayor sensibilización a otra en la que comienza a desarrollar políticas, estructuras organizacionales y mecanismos de medición. No obstante, la incorporación efectiva de esos criterios en la evaluación de los deudores y la administración de las carteras todavía alcanza a una proporción reducida de instituciones.
