La solución al problema eléctrico dominicano no está al doblar de la esquina, pero a juzgar por las acciones empujadas del lado público y privado se trabaja para encontrarla.
Ayer, la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) y la Asociación Nacional de Usuarios no Regulados (ANUNR) presentaron un documento técnico para la discusión del pacto eléctrico en el país, del cual podrían darse los primeros pasos a mediados de febrero, según dejó saber monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador del Consejo Económico y Social (CES). Eso sería luego de firmado el Pacto por la Educación.
La propuesta de las organizaciones privadas recoge a manera de esbozo una serie de planteamientos que, incluso, coinciden con la visión y los puntos formulados por el presidente Danilo Medina sobre el tema, en agosto de 2012, en el discurso de toma de posesión.
La AIRD y la ANUNR destacan la necesidad de contar con un cronograma de actividades a corto, mediano y largo plazo para cada área del sector eléctrico (generación, transmisión, distribución y regulación) y ven como necesario que los datos del sector sean publicados mensualmente.
La iniciativa fue presentada en un desayuno temático con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Rubén Jiménez Bichara.
La propuesta de los empresarios sugiere que durante los próximos dos años la vicepresidencia de la CDEEE sea líder y coordinadora de todas las estrategias, objetivos, actuaciones, manejo de ingresos, gastos e inversiones de las empresas eléctricas de carácter estatal, poniendo en ejecución el decreto número 923-09, firmado por el presidente Leonel Fernández, y que aún no ha sido derogado.
La presidenta de la AIRD, Ligia Bonetti, sostiene que “el país no puede seguir dándose el lujo de tener consejos de administración en cada distribuidora o institución tomando decisiones particulares y no alineadas a una solución integral y que, por otro lado, exista una Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, que prácticamente se ha convertido en una CDEEE paralela, donde se gasta más que lo que se invierte. Consideró necesario iniciar la privatización a mediano plazo de las empresas de distribución.
La AIRD aseguró que apoya la propuesta planteada por el presidente Medina en la toma de posesión sobre la implementación de las empresas comercializadoras, que se encargarían de gestionar las pérdidas de un circuito o área de operación. “La comercialización es una ventana para la participación del sector privado en el sector de distribución, quienes por cesión de la distribuidora gestionarían e invertirían en el mejoramiento de la calidad de servicio y en la reducción de pérdidas”, indicó en Bonetti.
Del lado público, la CDEEE se ha propuesto para este año implementar unos 100 proyectos de reducción de pérdidas en todo el país a través de las empresas distribuidoras. Esos proyectos, según Rubén Jiménez Bichara, están incluidos en el Presupuesto General del Estado.
De acuerdo al balance pormenorizado del funcionario, el pasado año se construyeron siete micro centrales hidroeléctricas, tres subestaciones nuevas y se repotenciaron 12 subestaciones. Las metas actuales (2014) incluyen la construcción de 12 microcentrales hidroeléctricas, que beneficiarán a 1,130 familias de Barahona, provincia Duarte y La Vega, entre otros.
Dicen falta instalar otros 300,000 telemedidores
En detalle, parte de las metas apuntan a normalizar 130 mil clientes, a rehabilitar 825 kilómetros de redes, a instalar 143 mil telemedidores y 8,000 para macro medidores. Los industriales (en el documento entregado a Jiménez Bichara) indican que existen unos 200,000 puntos de telemedición, y para poder tener control y supervisión del 70% de la energía colocada por las EDE en las redes se deben instalar 300,000 medidores más.
Esto, según el planteamiento de los empresarios, permite gestionar y reducir pérdidas midiendo los clientes. que representan el 70% del consumo. “La experiencia actual, gestionando con el software apropiado, es que en un plazo de nueve meses se puede reducir a un 10% la pérdida del sector”, apuntan la AIRD y la ANUNR en su estudio técnico. Las empresas eléctricas propiedad del Estado, en conjunto, comercializan el 87% de la demanda, producen el 25% de la energía requerida por las mismas y son dueñas del sistema de transmisión.
Esto convierte al Estado en el principal actor del mercado y hacedor de sus políticas, argumentan las dos organizaciones privadas. Sugieren cambiar ese esquema.
