Empresario panameño que era buscado por la Interpol tenía vida de lujo en RD

El empresario panameño West Miguel Valdés, detenido el lunes en el aeropuerto del Cibao, tenía aproximadamente dos meses disfrutando libremente de la buena vida en el país, a pesar de que tenía una orden de captura internacional.

El empresario panameño West Miguel Valdés, detenido el lunes en el aeropuerto del Cibao, tenía aproximadamente dos meses disfrutando libremente de la buena vida en el país, a pesar de que tenía una orden de captura internacional.De acuerdo con Nelson Rosario, vocero de la Policía Nacional, West Valdés entró al país en octubre del año pasado y fue un mes después, el 13 de noviembre, cuando la Policía Internacional (Interpol) recibió la alerta roja para su captura.

Mientras tanto, según las informaciones que maneja la Policía, el empresario de 52 años estaba haciendo gestiones para establecerse en el país como generador de energía eólica y recientemente, el 15 de enero, realizó una ceremonia en una playa de Punta Cana, donde se casó con una mujer de nombre Berena Bozzi.

Luego de una semana de luna de miel con su esposa, West Valdez fue capturado por policías adscritos a la Interpol, mientras éste se encontraba en el parqueo frontal del aeropuerto, luego de que terminara de despedir a su esposa cuando ella se regresaba a Panamá.

Rosario reveló que West Valdés tenía su residencia en el sector Yolanda Morales, un lugar de clase alta en la capital. “Sabemos que estaba formando una compañía para dedicarse a la actividad empresarial, formaría una compañía de energía eólica y vivía aquí en el sector Yolanda Morales, cerca de la la avenida Gustavo Mejía Ricart”, dijo el vocero.

West Valdés poseía la orden de captura número 135 del 11-11-2016 y se espera que este miércoles esté en suelo panameño para responder a la justicia por el delito de fraude por un monto de 12.2 millones de dólares, precisó Rosario.

Según el periódico La Prensa de Panamá, West Valdés está acusado junto a otras 16 personas, de delitos contra la administración pública en un proceso relacionado con un préstamo fraudulento para la construcción de un centro de convenciones.

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