Erradicar la pobreza extrema debe ser un objetivo explícito y específico de cualquier propuesta de gobierno. No debe tratarse sólo de una meta general que se lograría a medida que las políticas económicas y sociales en diversos ámbitos se despliegan y logran efectos deseados, mucho menos una que deba esperarse como resultado del crecimiento económico. De ser así, será mejor “esperar sentados” porque el ritmo al que vamos es inaceptablemente lento. Como el hambre, la miseria extrema no puede esperar.
La pobreza extrema o indigencia se define al menos de dos formas. Una, que podemos denominar pobreza monetaria extrema, es la situación en la que el ingreso que se recibe es insuficiente para comprar una canasta alimentaria que satisfaga necesidades nutricionales mínimas.
Otra forma de definirla se asocia al llamado método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Con este método se identifica un conjunto de carencias en el hogar que hacen que sea caracterizado como pobre o pobre extremo. En el país, las carencias que se identifican son: que la vivienda tenga piso de tierra, inadecuados materiales en paredes y techo o que sean viviendas marginales (barracones, cuarterías); que no tenga servicio de acueducto, servicio sanitario, de energía eléctrica y de recolección de basura; que se cocine con carbón o leña; que no cuente con equipamiento mínimo (nevera, estufa, otros); que haya hacinamiento; que viva alguien analfabeta o niños o niñas que no asistan a la escuela; y que no tenga acceso a teléfono fijo o móvil, o a una computadora personal.
En algunas modalidades de medición, se impone como condición para que un hogar sea caracterizado como pobre que éste tenga al menos tres de las carencias mencionadas, y en otros se usan métodos más complejos.
En cualquier caso, un buen punto de partida para articular un Programa Nacional para Erradicar la Pobreza Extrema es la identificación de los hogares y comunidades más afectadas por ese listado de carencias y por la insuficiencia severa de ingresos. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha estimado que en 2014 un 7.9% de la población recibía un ingreso de pobreza extrema, y ha identificado las regiones Suroeste, Cibao Noroeste, Valdesia e Higuamo como las más afectadas. También ha estimado, a partir de datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, que el 3.7% de los hogares todavía tenía piso de tierra, que el 33% no tenía agua corriente, que el 18% no tenía servicio sanitario, que el 4% no tenía electricidad, que en el 10% no se recogía la basura, que en el 27% faltaba equipamiento básico en el hogar, que el 8% de las viviendas eran marginales, que en el 12% la gente vivía hacinada, que en el 3% había niños y niñas que no iban a la escuela, y que en el 18% no había teléfono fijo ni móvil.
De los datos del Ministerio se puede inferir que hacer que la gente que no tiene ingreso suficiente para comer lo tenga, cuesta algo más de 400 millones de pesos por año, una cifra relativamente modesta. Lo más deseable es que los hogares puedan generar esos ingresos por sí mismos pero las transferencias temporales pueden jugar un rol positivo cerrando la brecha de ingresos y contribuyendo a generar capacidades para mejorar el empleo y los ingresos laborales.
Al mismo tiempo, eliminar los pisos de tierra, lograr 100% de cobertura eléctrica y de servicio de recogida de basura, que toda la población infantil asista a la escuela, que todos los hogares tengan servicio sanitario y agua corriente, y mejoras sustanciales en la calidad de las viviendas en peores condiciones son objetivos no sólo deseables sino alcanzables en un período de tiempo relativamente corto.
Algunos de ellos, como la calidad de la vivienda y la asistencia escolar, se pueden lograr con intervenciones focalizadas por hogar y por vivienda. Otros como el acceso a agua corriente y servicios sanitarios, a energía eléctrica y a servicios de recogida de basura, demandan intervenciones en las comunidades que sean innovadoras y que respondan a las condiciones específicas de cada una de ellas. Por ello, la participación de las organizaciones y gobiernos locales en la tarea de universalizar esos servicios es ineludible.
Erradicar la pobreza extrema es posible. Existen los instrumentos y las capacidades para intervenir y lograrlo. Falta asumirla, diseñar el programa, lograr las coordinaciones necesarias dentro del Estado, poner los recursos (que no son astronómicos) y construir las alianzas en los territorios.
