El arquitecto Joaquín Gerónimo consideró aberrante que muchos diputados pretendan elevar de categorías a muchas poblaciones, que no cumplen con los requisititos necesarios.
El ex director del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, ahora Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, entiende que esas pretensiones solo obedecen a intereses políticos, que buscan fomentar la burocracia y a la creación de puestos de trabajos. Gerónimo actualmente es superindentente de los Fondos de Pensiones de la Seguridad Social.
Desde su experiencia en el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos y sus conocimientos en asuntos del territorio, ¿cómo califica usted las pretensiones de muchos legisladores que buscan elevar a decenas de poblaciones de categoría?
Resulta preocupante la forma alegre como se está tratando el tema de la división política del territorio, creo que es una actitud aberrante de los legisladores el distribuir y repartir el territorio en función de intereses políticos, más que nada, y no es algo que convenga al interés nacional.
Hay que entender la geografía del territorio, primero como geografía física y luego como geografía política, pero en ambos casos, tanto el análisis de la geografía física y su combinación con la geografía política tiene que ser para obtener resultados lógicos, que propendan a una mayor eficiencia administrativa del territorio. Entonces, obviamente, hay un exceso de municipios y de demarcaciones de menor tamaño, como los distritos municipales, sino también hasta de provincias, fíjese en el hecho de que Cuba tiene casi tres veces la extensión territorial nuestra y sólo tiene seis provincias, nosotros tenemos ya 31 y hay aspirante a que se creen más provincias, entonces eso en nada conviene a la sana administración pública del territorio.
El régimen de creación de municipio, según un marco legal, ¿está eso definido?
No, porque esas decisiones se toman en función de ponderaciones que se hacen a nivel legislativo, pensando solamente en la creación de cargos para la distribución del presupuesto de la República, básicamente es eso.
Claro hay un elemento de fondo que hay que considerar y es el hecho de que muchas veces la excesiva concentración del poder político en los centros geográficos, llámese capital de la provincia o del municipio cabecera, hace que las pequeñas comunidades que tienen aspiraciones de recibir los beneficios del desarrollo no encuentren la atención de las autoridades, entonces desde el punto de vista de ellos sería convenientes tener sus propias autoridades, electas por ellos mismos, con su pedazo del pastel presupuestario administrado por ellos mismo, pero eso tienen que resolverse de otra manera, que no sea partiendo cada vez más el territorio de la República.
Impacto que podría tener la elevación de territorios en la
Estrategia Nacional de Desarrollo.
Tiene un impacto negativo, porque hay una dispersión excesiva del presupuesto nacional sin una vinculación lógica con las decisiones de administración pública. Creo que esto podría resolverse de una mejor manera si se le da seguimiento a las directrices que están surgiendo desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tengo entendido que la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial está discutiendo el tema al más alto nivel, la discusión de la nueva ley de ordenamiento territorial y uso del suelo. Una vez que esas leyes se conozcan y se discutan ampliamente pues las decisiones deben estar centradas en la reorganización del territorio, porque ya tenemos que hablar de eso de reorganización del territorio, podrán tomarse con mayor criterio y sobre todo asociadas esas decisiones a la estrategia nacional de desarrollo, que ya debe convertirse también en ley.
¿Cuál es el costo económico de la creación de municipios y
distritos municipales?
Eso está asociado a la creación de puestos, de burocracia. Estamos hablando de que hay que habilitar posiciones para síndico, regidores, presidentes de ayuntamientos y toda la burocracia que se deriva de la administración, entre comillas, de un territorio nuevo; es decir que hay una carga presupuestaria adicional.
Hasta dónde es posible seguir
dividiendo a la República
Dominicana. ¿Resiste el país?
Bajo la óptica del comportamiento actual de los legisladores no habría límites, pero yo pienso que la lógica debe plantear una limitación en ese tipo de decisiones y yo antes que continuar en esa feria de partición del territorio, pienso que deberíamos ponderar una reingeniería de la geografía política nacional en función de intereses de desarrollo para todos.
Hasta dónde un crecimiento de municipios y distritos puede garantizar un buen gobierno local, con las capacidades y políticas adecuadas para un buen desempeño.
Si es un crecimiento desorganizado del municipio, en que puede eso ayudar a definir esas políticas. Tenemos que tratar de que haya un esfuerzo de planificación integral del territorio, posiblemente haya que plantearse ahora planes de integración regional y de mancomunidad municipal, un buen ejemplo es el caso del Distrito Nacional y Santo Domingo, se hizo una partición del territorio y no fue necesariamente negativo, se ha logrado una mayor eficiencia en la administración de las comunidades que están asistidas por cada uno de los municipios que conforman el Gran Santo Domingo. Pero de que se está hablando ahora, se habla de la mancomunidad, buscar la manera de que esos municipios que operan con autonomía política logren una actuación conjunta con planes integrados de desarrollo en base a esa mancomunidad. Entonces a esos debemos ayudar, antes que a la dispersión del territorio, a la fragmentación política del territorio, a la integración de las decisiones en torno a grupos organizados, no necesariamente con definición y autonomía política, pero sí organizados en planes de desarrollo a nivel local.
¿Cuáles son los criterios que deberían predominar para determinar cuándo una comunidad puede pasar de un nivel a otro?
Buenos, yo pienso que una comunidad, un lugar habitados por ciudadanos que desarrollen actividades económicas y sociales, puede aspirar a un grado superior de organización política-territorial en función de su desarrollo económico y social. En la parte correspondiente al tema demográfico es fundamental, o sea la cantidad de habitantes, pero la cantidad de habitantes siempre está determinada por el desarrollo económico, porque donde no hay actividad económica la gente emigra, luego si hay desarrollo económico ese desarrollo conlleva a una aspiración de elevación de la categoría, porque hacen un aporte sustancial a la economía del país y hay una población en número suficiente como para darse su propias autoridades. Eso es un proceso natural, pero no es el que se está dando ahora mismo, porque son pequeñas comunidades sin ningún tipo de auto-gestión económica las que están aspirando a que se les conceda la autonomía política con la elección de autoridades locales.
Impacto en la calidad de los
servicios y el sentido de
gobernabilidad
Paradójicamente, podría decirse que en la medida en que se fragmenta el territorio y hay una atención más localizada, de forma directa, aplicada a comunidades pequeña, teóricamente debería haber un mayor nivel de atención en el orden primario, pero los recursos no son suficientes, a penas alcanzaría para cubrir los gastos corrientes de las autoridades que se elijan en esas comunidades. Entonces no habría presupuesto para la atención real de las necesidades de la población, sino solamente de los funcionario y es lo que se persigue, lamentablemente, lo que se persigue es crear una fuente de empleo gubernamental no de soluciones gubernamentales.
¿Cree usted que hace falta una ley que ponga un tope a la creación de nuevos municipios y que incluso ponga más condiciones?
Sí, y como le dije el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la Dirección General de Desarrollo Territorial, y como parte de sus obligaciones planteadas en la ley de su creación y la propia ley de Medio Ambiente, 64-00, se está planteando ese tema a través de la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, allí se definen esas consideraciones y ese es un tema de discusión en el Congreso actualmente.
