El procurador general de la República nos está dando algunas de las razones para reafirmarnos en la convicción de que no se puede suscribir un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos en los términos que lo hace el gobierno dominicano.
Necesariamente, tiene que haber condicionalidades, bien especificadas, porque la República Dominicana es entre los dos Estados la que entrega cada año cualquier cantidad de ciudadanos, con los cuales Estados Unidos hace lo que mejor entiende, incluido, acuerdos lesivos a la seguridad de los dominicanos.
Es el caso de Yubel Méndez Méndez (Oreganito), baleado no se sabe por quienes, que las autoridades ahora presumen que debe estar relacionado con las actividades ilegales que realizaba, que provocaron que terminara en cárceles norteamericanas, e hiciera un acuerdo con Estados Unidos que le permitió purgar penas allá y retornar al país como si nada hubiese pasado.
Aparentemente, Oreganito optó por la extradición y las autoridades nacionales cerraron un expediente que tenía abierto en el Distrito Nacional y que había dado pie a una fiera persecución en su contra de la DNCD.
Observen lo que dice ahora el procurador Francisco Domínguez Brito, según publica el diario Hoy el 9 de mayo: “Las autoridades de los Estados Unidos no nos informaron nada; a ciencia cierta yo no puedo decir qué pasó; él se entregó a las autoridades norteamericanas, probablemente negoció y logró una pena baja, regresó al país y probablemente tiene dificultades con algunas personas por las operaciones de narcotráfico que ha realizado”.
Esa declaración retrata de cuerpo entero que somos el traspatio de los Estados Unidos. Por eso a nadie sorprende ver de manera habitual al embajador norteamericano en la Procuraduría General de la República en un rol que todos aplauden y muy pocos entienden.
Por más heroica que sea la lucha contra la corrupción o el narcotráfico, esta falta de institucionalidad no puede continuar.
El nuevo tratado de extradición, aún no ratificado, debe ser sometido a condicionalidades.
Que “se lleven” a un delincuente y lo manden sin que siquiera el procurador se entere, no tiene nombre. Eso no debe ser.
