El Estado de bienestar es una forma de gobernar según la cual se debe proveer salud, educación, vivienda y alimentos a todos los habitantes de un país. Implícitamente lo sustenta la idea de que por el “mero hecho de venir al mundo”, a la gente hay que garantizarle todo esto, y más.
Este sistema compensaría la “injusticia” capitalista y su
desigualdad, coartando la libertad económica e interviniendo en todo: “te prohíbo vender a ese precio a los pobres”; “no puedes emplear a esa persona si no le pagas tanto”; “si no puedes pagar una casa, yo te la regalo”.
Toda esta fantástica justicia social se logra redistribuyendo riqueza: a los que trabajan para generarla, se les obliga a hacerse responsables de los que no. Poco importa si no les interesa ser generosos (al fin y al cabo el dinero es suyo), o simplemente serlo con gente cercana. Es obligado pagar impuestos para que el Estado (muy a su manera) lo sea por ellos. Se asume, por supuesto, que el Estado y los políticos son moralmente superiores: que una vez reciban ese dinero, lo gastarán de manera más altruista.
Esta especie de pacto no es más que nosotros y nuestros nietos (que no han nacido todavía) accediendo a pagar los excesivos gastos de tanta bondad. En el interín, el sistema fomenta la pobreza, porque la hace “confortable”: subvenciona al que se entrega a la pereza (¿para qué cambiar si me regalan cosas sin hacer nada?) y penaliza al que lucha por hacerse rico.
Con el tiempo, el absurdo buenista colapsa, porque los que lo financian se cansan de trabajar para otros. Sin discursos tan “humanos”, la libertad económica y el capitalismo, han hecho mucho más por reducir la pobreza que la política asistencialista. Los más pobres en los países con mayor libertad ganan más y viven en mejores condiciones que los pobres en los países intervenidos.
Ya lo decía Milton Friedman: “La sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad, no consigue ninguna de ambas; la que pone la libertad por encima de la igualdad, consigue más de las dos”.
