El Estado y la financiación a los partidos

¿Falta de previsión o estamos en presencia de un “cisne negro”? La ley electoral no prevé la siguiente situación: Si por su condición de mayoritario y conforme la ley electoral, un partido obtiene el derecho a recibir cuantiosos beneficios…

¿Falta de previsión o estamos en presencia de un “cisne negro”? La ley electoral no prevé la siguiente situación: Si por su condición de mayoritario y conforme la ley electoral, un partido obtiene el derecho a recibir cuantiosos beneficios provenientes del estado, muchos millones, y este Partido, luego de las elecciones, deviene en minoritario, ¿debe seguir el estado entregándole la misma cantidad de dinero a ese Partido? ¿Por los próximos dos o tres años más hasta que lleguen las próximas elecciones?

En blanco y negro: en las elecciones obtiene más de 5% de los votos válidos emitidos y al poco tiempo pasa a ser minoritario, menos de un 5% en la intención de los votos. ¿Hay justicia en seguir entregando un gran beneficio a un Partido que ahora es minoritario? Debe haber una proporcionalidad de acuerdo a su nuevo tamaño; debe estar igual que sus iguales para que no haya inequidad en el trato a todos.

¿Qué está haciendo el dirigente o los dirigentes de ese Partido, ahora minoritario, con esa extraordinaria suma de dinero que mensualmente le está entregando el Estado? Por favor no me digan que la ley prevé una contabilidad.
Reseña la prensa de estas semanas que la JCE está entregando al PRD, al PLD, y al PRSC, algo más de 17 millones de pesos, a cada uno de ellos, estos son los fondos correspondientes al mes de octubre de este año, ¡eso es solo un mes! Imagine que uno de ellos descienda a minoritario, y se continúe entregándole su cuota como normal y ahora usted multiplica esos 17 millones por doce meses y luego por dos o tres años, ¿de cuánto dinero estamos hablando?

Muchos afirman que hemos perdido el respeto al dinero, a los milloncitos, así que parece que no nos importa que por dos o tres años más continúe esta sangría de recursos, pero pensemos en el uso alternativo de ese dinero (en mejor asistencia a hospitales, a grupos desvalidos, la niñez sin ir más lejos) y que ahora graciosamente entregamos a los partidos o más específico, a uno que ya no tiene la categoría bajo la cual obtuvo esa asignación extraordinaria.
Es cierto que la ley electoral habla de porcentaje de los votos emitidos y ahora hablo de intención de votos, por tanto la resolución del problema demanda satisfacer varias inquietudes, por ejemplo, ¿Con cuál método creíble determinarla? ¿Podría ser a través de tres encuestas a determinar por los mismos partidos o el organismo superior electoral? Además, después de las elecciones ¿Cada qué tiempo dar seguimiento a la situación? ¿Cuál sería el costo de esto?

Viene a cuento que ahora mismo hay una formación política que está considerando determinar su candidato presidencial por el método de encuesta y no por una Convención y está en discusión si esta forma de elección se puede validar a partir de la actual ley electoral o si es imprescindible el modo tradicional, la celebración de una Convención. También, no es ocioso recordar que ahora la ley electoral prevé dos situaciones en que se elimina la entrega de recursos a los partidos: cuando estos se retiran de unas elecciones y cuando pierden su reconocimiento por no alcanzar un porcentaje de votos válidos (pienso que si se disuelven, también).

De todas maneras, debemos ser creativos para evitar malgastar o enriquecimientos inapropiados, para no decir ilícitos y debemos pensar que solo se afecta a aquel Partido que se reduce, aquellos que mantengan su fortaleza electoral no tienen problema.

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