La percepción acerca de la falta de autoridad pública en la República Dominicana tiende a aumentar. Cuando se habla de ese tema, muchos funcionarios se molestan. Algunos guardan silencio, unos reaccionan irritados y otros expresan su desagrado ante terceros, en son de queja.
Pero la realidad es que la percepción de la falta de autoridad pública, que algunos llegan a definir como “desgobierno”, tiende a crecer.
Las causas que alimentan esa percepción son marcadamente visibles, como el irrespeto a las normas de urbanidad de los dueños de negocios de “diversión” en la Zona Colonial o en la debilidad de los responsables públicos para mantener el orden.
Pero el caso de la Zona no es motivo para llegar a conclusiones. Tiene que ver con otros hechos más graves. La tolerancia de las autoridades ante el desmantelamiento de infraestructuras, que hemos simplificado en el discurso mediático y de las mismas autoridades como “robo de metales”.
¿Puede imaginarse en un país civilizado que unos desalmados desarmen un puente, como ocurrió en San Cristóbal, o que otros derrumben una torre de alta tensión, sin consecuencias, o que se lleven piezas claves del puente Mauricio Báez de San Pedro de Macorís o que corten los cables tensores del puente Juan Pablo Duarte, que desmonten y carguen con las barandas de las carreteras principales y que las autoridades y todos los veamos olímpicamente como robos de metales?
Son atentados a la seguridad pública, verdaderos desafíos e irrespeto a quienes gobiernan la nación, que sin embargo pueden subsanarse con una orden, incluso administrativa y firmes medidas de prevención.
La última expresión de desaliento, que también alimenta la percepción de débil ejercicio de la autoridad la acabamos de escuchar y no podemos creerla: que son los padres quienes deben velar para que los dueños de los colegios privados no cambien cada año los libros de texto.
Esto es inaceptable.
