A partir de la promulgación de la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la República Dominicana cuenta con un instrumento estratégico consensuado por los distintos sectores económicos, sociales y políticos del país el cual contiene la visión de la nación a largo plazo, la cual se aspira alcanzar para el año 2030. Para tales fines el propio marco legal establece que las políticas públicas dirigidas a la consecución de esta visión deben fomentar y reforzar los valores compartidos por la nación dominicana que propician la convivencia pacífica, la cohesión social, el espíritu de superación personal y el desarrollo colectivo.
Algunos sectores de la vida nacional señalan que una de las principales debilidades de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), es la ausencia de la dimensión territorial que contribuya a implementar, evaluar y gestionar los objetivos planteados en la END 2030. Sin embargo la propia Estrategia Nacional de Desarrollo establece entre los compromisos asumidos por el Estado (Capítulo IX) un conjunto de reformas asociadas a los distintos ejes, destacando entre las reformas que deberá poner en ejecución el Sector Público en relación al cuarto Eje Estratégico, el compromiso de diseñar, aprobar y aplicar, en un plazo no mayor de tres (3) años, de un plan de ordenamiento territorial que permita gestionar las políticas públicas en el territorio, regular el uso del suelo, incentivar el aprovechamiento sostenible de los recursos y facilitar la gestión integral de riesgos a nivel nacional y local. (Art. 32).
El mandato establecido garantiza la inclusión de una visión estratégica del territorio articulada a la visión de la nación, a través del diseño de un instrumento de política que oriente las decisiones de carácter nacional acerca del uso del territorio, compatibilizando las diferentes políticas sectoriales, con el objetivo de gestionar y aprovechar sus recursos para alcanzar el desarrollo sostenible, promover la cohesión territorial y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la República Dominicana; este instrumento de carácter nacional servirá como orientador para los instrumentos de ordenamiento territorial y uso de suelo que se implementen las escalas sub-nacionales.
Durante el año 2014 los conflictos por el uso del territorio ocuparon un espacio importante de la discusión nacional, evidenciando la necesidad de definir reglas claras y criterios específicos para la utilización de los territorios. El clamor de la población, los enfrentamientos suscitados y la necesidad de cumplir con los plazos establecidos sitúa el diseño de una estrategia de ordenamiento territorial como una prioridad para este nuevo año, el cual debe ser impulsado por el Estado con la participación de todos los sectores de la vida nacional.
